Ocho ladrones, en un arriesgado atraco con metralletas y fusiles, robaron en el aeropuerto de Bruselas hace dos semanas diamantes por valor de 37 millones de euros. Luis Bárcenas, él solo, llegó a atesorar en Suiza 38 millones. Obviamente, él es mucho más listo que ellos.

Lo es, según confesión propia, porque su capital lo consiguió, no como tesorero del PP, sino con transacciones bursátiles y de obras de arte. Miren si será listo el hombre, que nadie en España ha amasado una fortuna remotamente semejante con tales tejemanejes. Es más, muchos que lo han intentado se han arruinado.

Se comprende, entonces, que los españoles no crean que los dineros de Bárcenas hayan sido obtenidos honestamente ni que lo hayan sido al margen de su cargo en el Partido Popular.

El terco empecinamiento del PP en ignorar los trapicheos internos de Bárcenas recuerda en cierto modo el retraso de la Iglesia Católica en afrontar los casos de pederastia en su seno. Algo que, abordado en su momento habría demostrado que se trataba de una excepción en la conducta del clero, ha acabado por ensombrecer la tarea evangélica de la Iglesia entera y hasta acabar con un exhausto Benedicto XVI.

El caso Bárcenas puede resultar aun más dramático para el Partido Popular y, por ende, para toda la clase política española. En vez de esconder la cabeza bajo el ala, tendría que reconocer que la corrupción —en diversos grados— ha sido una conducta extendida en las relaciones de políticos con constructores, financieros y otras especies afines.

De hacerlo, sí que tendrían alguna credibilidad las nuevas normas de transparencia política que se pregonan. Si no, se evidenciaría que son un caso más de cínica simulación y de deliberado engaño a la sociedad.
Antes, pues, de llevarlas a cabo, nuestros políticos tendrían que reconocer el mal causado, repararlo y jubilar a toda una generación de políticos amortizada ya por sus manejos y por su estupidez.