La presidenta navarra, Yolanda Barcina, y otros congéneres van a devolver “parte” de las astronómicas dietas cobradas por la cara en los últimos años como consejeros de Caja Navarra.

Su acción, claro, no se debe a un tardío y retrospectivo acto de honradez —o, al menos, de sensatez—, sino a que han sido pillados con el carrito del helado justo antes de unas elecciones internas de su partido, UPN, y no está la cosa para perder sus cargos orgánicos en una época tan dura como ésta.

Aun así, que yo sepa, ellos son los únicos que han prometido devolver “lo robado” —aunque siguen considerando “legítima” y hasta “normal” esa apropiación— de toda la caterva de políticos, paniaguados y gente afín que han venido aprovechándose de las cajas de ahorros durante las tres últimas décadas.

Calculando por lo bajo, entre todos los directivos y consejeros colocados en las cajas por los partidos políticos, directamente o con su consentimiento, se han llevado miles de millones de euros. Sí, lo han leído bien: miles de millones que habrían podido paliar el desastre causado por ellos mismos en las entidades de crédito que presuntamente gestionaban.

Ese dinero se lo han llevado, además, individuos que en sucesivas comisiones de investigación han manifestado “no tener los conocimientos adecuados para el cargo” o que “yo sólo me dedicaba a firmar los papeles que me ponían delante” o que “en realidad me fiaba del criterio de los técnicos, que eran quienes sabían del asunto”.

El que no se le obligue legalmente a toda esa gentuza de aprovechados ignorantes a devolver lo percibido, mientras se deja en la calle a trabajadores de las mismas cajas y se expolia a poseedores de participaciones preferentes y otras deudas es un atraco con premeditación y alevosía.