Todas las encuestas predicen el derrumbamiento del PP valenciano, que gozaba de mayorías absolutas parlamentarias en épocas de Eduardo Zaplana y de Paco Camps.

Ahora, Alberto Fabra, como náufrago a la deriva, no encuentra tabla alguna a la que agarrarse, ni siquiera con el hipotético crecimiento electoral de UPyD o Ciudadanos que pudiera ayudarle.

Por una parte, la imagen de corrupción ha asolado las huestes de su partido, llegando a infectar hasta a la segunda autoridad de la Comunidad, el presidente de Les Corts, Joan Cotino, merced a los turbios negocios familiares de geriátricos y ayudas a la dependencia. Tan irrespirable se ha vuelto el ambiente, que la propia portavoz gubernamental, María José Català, ha dicho que si estuviese en la piel de Cotino ya habría dimitido.

El otro frente de imposible solución es el financiero, con un Consell arruinado por los dispendios, la crisis, los desvíos presupuestarios y otras incongruencias económicas. Ante la imposibilidad de cumplir el déficit de 2014, el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, ya ha anunciado que dejará de pagar a los proveedores. Es decir, que la Comunidad está de hecho en suspensión de pagos, a punto de ser intervenida por los hombres de Cristóbal Montoro.

La alternativa política a tamaño desastre, según los sondeos, sería un gobierno multipartidista de fuerzas muy distintas y hasta contradictorias: Partido Socialista, nacionalistas de Compromís, Esquerra Unida y ahora el ascendente e imprevisible movimiento de Pablo Iglesias. Para algunos, el equivalente al caos.

En cualquier caso, la derecha valenciana parece a punto de arrojar la toalla. Ante el previsible desgobierno que se avecina, hay incluso quien apuesta por que se ensaye en la Comunidad un Gobierno de coalición entre el PP y el PSPV-PSOE que intente salvar los pocos muebles que les quedan a los contribuyentes, sanee las finanzas públicas y evite el estrepitoso e inminente desplome del estado de bienestar.