Esto es lo que le espera al PP y por extensión a la derecha española, si progresa a escala nacional el acuerdo frentepopulista: una criminalización con tintes excluyentes, una proscripción moral, un destierro político
Que el emplazamiento de la fábrica no gusta a nadie es tan verdad como que de ella viven cinco mil familias, una cuestión menor para la izquierda radical.
Si PSdeG, Marea y el Bloque hubieran echado cuentas del daño económico que el cierre de la fábrica habría supuesto para Pontevedra -la ciudad con más paro de Galicia-, no podrían haber declarado «persona non grata» a Mariano Rajoy, que es su auténtica obsesión patológica (‘Persona non grata’ y unos mamarrachos de Pontevedra).
A las fuerzas «de progreso» se les llena la boca con expresiones del tipo «garantes de los derechos sociales», «defensores de la dignidad del empleo» y otras muletillas al uso, pero a las primeras de cambio se les nota el pelo de la dehesa: cuando están en la oposición, lideran todas las convocatorias de protesta -estén o no justificadas-, pero cuando gobiernan, las reivindicaciones y manifestaciones de los trabajadores se convierten en un chantaje (Ada Colau sobre los empleados del Metro de Barcelona) o pasan a ser la expresión de un comportamiento «fascista» (el concejal de Seguridad de Madrid sobre el «escrache» que le montaron los policías del Ayuntamiento).
Esto de declarar «persona non grata» a Mariano Rajoy -que nadie se engañe- no tiene que ver con la decisión del Gobierno de garantizar la permanencia de una fábrica de celulosa en Pontevedra, sino con la fábrica de revancha, odio e inquina que la extrema izquierda mantiene abierta, y a pleno rendimiento, desde que alcanzó el poder municipal con el apoyo del PSOE.
Es lo que ha sucedido con Mariano Rajoy en Pontevedra, la ciudad en que creció, donde la mayoría municipal de izquierdas lo ha estigmatizado en un acuerdo que sólo perfila el carácter intolerante y revanchista de este sedicente progresismo especializado en renombrar calles y derribar estatuas.
Ya en diciembre recibió el presidente en las calles pontevedresas una civilizada muestra de discrepancia cuando un paisano muy cabal le manifestó su repulsa mediante un puñetazo.
Lejos de condenar la agresión de obra, el Ayuntamiento la ha venido a aplaudir y corroborar con una de palabra que muestra su refinado talante de diálogo.
En realidad, todos los que no pasan por el aro «progresista» son «personas non gratas», porque el populismo radical está inmerso en un proceso de impugnación general de la Transición, al considerar que la izquierda salió derrotada y humillada en aquel gran pacto de reconciliación nacional. Lo de Mariano Rajoy en Pontevedra será una anécdota comparado con lo que puede pasar si las fuerzas «de progreso» llegan a un acuerdo de Gobierno.
En ese caso, la fábrica de la izquierda extrema va a elevar su producción hasta que el aire se nos vuelva irrespirable.
Esto es lo que le espera al PP y por extensión a la derecha española, si progresa a escala nacional el acuerdo frentepopulista: una criminalización con tintes excluyentes, una proscripción moral, un destierro político.
Una purga, una deportación interna en la que si es preciso colaborará la policía especial que reclama Pablo Iglesias a su vicepresidencial servicio.
La personas gratas de este tiempo, el nuevo paradigma oficial con patente para expedir carnés de buen ciudadano, son ese escogido elenco que brilla en las corporaciones locales desde mayo: okupas, linchadores de Twitter, bromistas antijudíos, escrachistas exaltados, reventadores asaltacapillas, asesores bolivarianos y antiguos colaboradores más o menos arrepentidos de la lucha armada anticapitalista.
De esa cantera de excelencia proviene la nomenclatura llamada a empoderar a la gente para renovar a la corrupta élite del régimen.
En Pontevedra se han comportado con mucha moderación: en el mismo acto podrían haber nombrado hijo predilecto al exaltado que le rompió las gafas a tan execrable ciudadano.
