Los hombres dispondrán de un permiso de paternidad de 15 días, que el Gobierno ampliará de forma gradual hasta las 4 semanas de duración en los próximos ocho años, según el dictamen del proyecto de ley de igualdad aprobado por la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso. El texto establece otras medidas encaminadas a acabar con la discriminación social que sufre la mujer.
La propuesta legislativa, que salió adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto del PP, que se abstuvo, también incluye un subsidio durante 42 días para las mujeres menores de 21 años que den a luz, siempre que estén dadas de alta en la Seguridad Social, aunque sin ningún plazo previo de cotización.
Para las madres de edades comprendidas entre los 21 y los 26 años, se fija el mismo subsidio, equivalente al Indicador Público de Renta de Efectos Públicos, si han cotizado 90 días en los siete años inmediatamente anteriores al parto o 180 días en toda su vida laboral.
Se trata de un proyecto de ley, que ahora será debatido por el Pleno del Congreso, cuyo objetivo es acabar con la discriminación que sufre la mujer y lograr que la igualdad legal vaya acompañada de una igualdad real, con medidas de acción positiva.
Esta futura normativa no afecta sólo al ámbito laboral, sino que también quiere impulsar la igualdad en el ámbito de las instituciones, en la representación política y en los órganos de dirección de las empresas e incluye, además, medidas para combatir la discriminación y el acoso sexual.
La Comisión estuvo suspendida durante casi dos horas para que los distintos grupos pudieran llegar a un acuerdo lo más amplio posible. El punto más conflictivo fue el permiso por paternidad, que todos los grupos, menos el PSOE, pretendían que fuera de cuatro semanas desde el comienzo, aunque finalmente consensuaron una enmienda transaccional, que establece que los padres podrán beneficiarse de una licencia de 15 días, que se irá incrementando gradualmente.
Respecto a la paridad en las listas electorales, esta medida afectará en principio sólo a los municipios de más de 5.000 habitantes, pero en las elecciones del 2011 tendrán que adaptarse también los que tengan más de 3.000 vecinos.
