Fallece el magistrado conservador Roberto García-Calvo

Fallece el magistrado conservador Roberto García-Calvo

(PD)-. García-Calvo, promovido por el Partido Popular para el Tribunal Constitucional, fue elegido en octubre de 2001. Con su muerte se modifican los equilibrios en este órgano judicial. El magistrado era contrario, por ejemplo, al Estatuto de Cataluña o la Ley del Matrimonio Homosexual.

El destino ha querido poner un estrambote entre lo trágico y lo rocambolesco al recorrido en el Tribunal Constitucional del Estatuto de Cataluña, un texto fruto de una mezcla de frivolidad, falta de sentido común e improvisación de sus autores.

Ese estrambote es el repentino fallecimiento del magistrado Roberto García-Calvo, elegido miembro del Constitucional en 2001 por el Congreso a propuesta del PP.

García-Calvo, de 65 años, había sido juez de la Sala Segunda del Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial. Era un profesional cualificado a pesar de la campaña de desprestigio organizada por el PSOE y sus medios afines, que cuestionaron sus méritos para acceder al Constitucional porque había sido gobernador civil durante el Gobierno de Arias Navarro y le caricaturizaron como hombre autoritario y hasta violento.

Su muerte tiene la virtualidad de cambiar la relación de fuerzas en el seno del pleno del Constitucional que está examinando el recurso presentado por el PP contra el Estatuto de Cataluña.

Como se sabe, tras salir adelante la recusación del magistrado Pérez Tremps, el pleno había quedado dividido entre el sector vinculado al PSOE, con cinco magistrados -entre ellos, la propia presidenta del Tribunal- y otro sector afín al PP, con seis jueces.

Esta relación de fuerzas anticipaba una posible estimación del recurso del PP y la anulación de artículos muy importantes del Estatuto de Cataluña. Pero la muerte de García-Calvo lo cambia todo porque equilibra la composición del Pleno, en el que ahora se produciría un empate a cinco.

Ese empate sería resuelto por el voto de calidad de la presidenta saliente, María Emilia Casas, que haría un último favor al PSOE convalidando la constitucionalidad del texto. Sería así como la llamada «enmienda Casas» que, con tanta razón y menor tino combatió García-Calvo, adquiriría su más macabra virtualidad.

LA ÚLTIMA APARICIÓN

Su última aparición pública fue el pasado día 22, cuando asistió a la toma de posesión de dos nuevos magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

La muerte repentina de García-Calvo, a los 65 años de edad, coincide con el posicionamiento que el Tribunal Constitucional debe hacer en asuntos como el Estatut de Cataluña y la Ley del matrimonio homosexual, ambas recurridas por el PP.

El pasado 12 de marzo el Pleno del Tribunal Constitucional apartó a Roberto García-Calvo y a Jorge Rodríguez-Zapata, también perteneciente al bloque ‘conservador’ del alto tribunal, de la discusión del recurso presentado por el PP contra la reforma de la Ley Orgánica que regula esta institución, al aceptar las recusaciones planteadas contra ambos por el Gobierno.

Esta reforma fue finalmente avalada el pasado 9 de abril por un Pleno del Tribunal Constitucional integrado por el “quórum” mínimo que exige la Ley, de ocho miembros, al no poder estar presentes ni los dos recusados ni tampoco la presidenta y vicepresidente de este órgano, Maria Emilia Casas y Guillermo Jiménez, respectivamente, quienes se abstuvieron.

Por lo que se refiere a la recusación de García-Calvo, sus compañeros entendieron que tanto él como Rodríguez-Zapata se encontraban “contaminados” para entender del asunto por el contenido de un escrito dirigido el pasado mes de junio a Casas.

EQUILIBRIOS EN EL TRIBUNAL

La desaparición de García-Calvo viene a profundizar aún más en el ya frágil y quebradizo equilibrio de fuerzas de un Tribunal Constitucional dividido entre seis magistrados de tendencia ‘progresista’ y el denominado ‘bloque conservador’.

Ambos sectores suelen votar en bloques claramente diferenciados salvo en raras excepciones.

Según establece la Ley, la plaza de García-Calvo quedará vacante hasta que se nombre un nuevo magistrado, lo que corresponde al Congreso de los Diputados. A ello se suma que hay otros cuatro miembros del alto tribunal que ya concluyeron su mandato el pasado 19 de diciembre -Casas, Jiménez, Rodríguez-Zapata y Vicente Conde-, cuyo nombramiento requiere de acuerdo entre los grupos parlamentarios.


DENUNCIA ARCHIVADA POR EL SUPREMO

El magistrado García-Calvo fue acusado por un joven en diciembre de 2007 por supuestamente amenazarle con una pistola durante una discusión de tráfico. El Supremo archivó la causa el pasado mes de abril, ya que no se ratificó la denuncia.

El archivo, ‘por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno’, se produjo después de que el joven se retractara durante su declaración ante el Alto Tribunal. Contrariamente a lo dicho en su denuncia inicial ante un juez de Móstoles (Madrid), el joven aseguró que el incidente fue una ‘mera discusión por cuestiones de la trayectoria de los vehículos’ que tanto él como García Calvo conducían el día de los hechos.

LICENCIADO EN DERECHO Y FISCAL

Roberto García-Calvo y Montiel nació en 1942 y era natural de La Bañeza (León). Licenciado en Derecho y Fiscal, el 23 de julio de 1968 ingresó en la carrera fiscal. En 1971, cuando era Teniente Fiscal de la Audiencia Provincial de Almería, fue designado presidente del Tribunal Provincial de Amparo de dicha ciudad.

En 1989, fue elegido vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cargo que ocupó hasta 1990. Roberto García-Calvo, que concurría como único candidato a la vacante del CGPJ, fue elegido por el Senado a propuesta de Alianza Popular (AP) y obtuvo 154 votos a favor de los 152 necesarios para ser ratificado por la Cámara. En dos ocasiones anteriores, en marzo y en abril de 1988, el Congreso había votado en contra de su candidatura, al no contar ésta con el apoyo del Grupo Socialista.

Hasta octubre de 1995, ejerció como fiscal del Tribunal Supremo, fecha en la que fue elegido magistrado de la Sala Segunda de dicho Tribunal, en sustitución de Marino Barbero.

García-Calvo fue miembro de la Asociación de Fiscales (AF) y el 30 de octubre de 2001 fue elegido magistrado del Tribunal Constitucional por el Congreso de los Diputados a propuesta del PP.

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