(PD).- El Colegio Oficial de Médicos de Barcelona ha levantado la «suspensión del ejercicio profesional» a Carlos Morín, según informa en su último boletín el citado órgano colegial a todos los facultativos barceloneses donde enumera a una serie de médicos, entre los que se encuentra el fundador de las clínicas Ginemedex.
Según informa La Razón a Morín no se le había inhabilitado en el colegio por mala práctica, pese a enfrentarse en los juzgados a delitos de intrusismo profesional (en sus clínicas, presuntamente, practicaban abortos médicos que no eran ginecólogos y firmaban certificados psiquiátricos profesionales ajenos a esta especialidad), de practicar abortos a jóvenes menores de edad sin el consentimiento de sus padres, de deshacerse de forma ilegal de los fetos y de falsificar certificados psiquiátricos.
También se le ha acusado de cometer irregularidades fiscales y de «aminorar las garantías» sanitarias por «afán de lucro». El médico ya estuvo en prisión, en el año 1989, por delitos relacionados con la práctica de interrupciones del embarazo. Sin embargo, el Colegio de Médicos, que tiene potestad para expedientar a uno de sus miembros y suspender su ejercicio temporal o indefinidamente por mala práctica, había inhabilitado al ginecólogo, en este caso, por «no estar al corriente del pago de una cuota colegial».
Así lo confirmó Jaume Padrós, secretario de la Junta del Colegio Oficial barcelonés. Ahora que ha resuelto sus «problemas de carácter administrativo», tal y como los definió el órgano colegial, Morín no tendrá problemas en volver a ejercer la profesión médica pues, de acuerdo con Padrós, «el juez nunca le ha prohibido el ejercicio». Es cierto, aunque todas sus clínicas de Barcelona y de Madrid fueron clausuradas entre los años 2007 y 2008 por las presuntas irregularidades cometidas.
No obstante, el anteproyecto de ley del aborto que llegará al Congreso de los Diputados en las próximas semanas incluye puntos que podrían dejar impunes algunos de los presuntos delitos que pudo cometer Morín. Es el caso de las interrupciones del embarazo practicadas a las menores de edad: de aprobarse el texto legislativo con su redactado actual, las jóvenes de 16 años podrían abortar sin consentimiento paterno, lo que invalidaría algunas de las acusaciones que se han hecho contra el ginecólogo. Además, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha expresado en repetidas ocasiones su interés por que nadie «vaya a la cárcel» por practicar o someterse a abortos.
