El Consejo de Ministros aprobó hoy un proyecto de ley sobre los requisitos de solvencia que deben cumplir intermediarios y entidades financieras y que incorpora un nuevo modo de computar las participaciones preferentes como parte de los recursos propios de las entidades para absorber pérdidas.
En el proyecto se modifica el régimen de computabilidad de las participaciones preferentes como recursos propios básicos de las entidades de crédito (core capital).
Con esta modificación se introduce en la legislación española la regulación prudencial comunitaria relativa a la computabilidad de los instrumentos híbridos de capital como recursos propios y se añaden requisitos para asegurar que dichos instrumentos sirvan efectivamente para la absorción de pérdidas en los momentos del ciclo en que las entidades de crédito necesitan capitalizarse.
Los híbridos son instrumentos de deuda como, por ejemplo, acciones preferentes y obligaciones convertibles.
Se flexibilizan las obligaciones de la entidad de crédito con los tenedores de estos activos para dotar de mayor margen de actuación a la entidad y al supervisor en caso de que haya problemas financieros.
El proyecto de ley aprobado busca reforzar los requisitos de solvencia de las entidades financieras e impulsar la cooperación entre supervisores europeos y es consecuencia de la directiva comunitaria aprobada en septiembre de 2009 a raíz de la crisis financiera.
Con esta norma se inicia el proceso de trasposición de la directiva, que habrá de ser completado posteriormente con desarrollos reglamentarios mediante real decreto y circulares del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La citada directiva es la primera de un conjunto de reformas a la normativa comunitaria de solvencia, iniciadas como consecuencia de la crisis financiera, en el contexto de las discusiones realizadas en foros internacionales tales como el G-20 o el Comité de Supervisores Financieros de Basilea.
En cuanto a los nuevos requisitos prudenciales, las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión sólo podrán invertir en activos procedentes de titulizaciones en los que el originador retenga una parte de estos activos y evalúe adecuadamente los riesgos derivados de los mismos.
De esta forma se pretende garantizar una mejor ponderación del riesgo de las titulizaciones, al evitar posiciones en las que el originador traslade completamente el riesgo a la entidad de crédito o empresa de servicios de inversión adquirente de las propias titulizaciones.
Estos nuevos requisitos responden a la excesiva complejidad de estos instrumentos, conforme a las que se pueden emitir títulos que representan un conjunto de activos, de forma que resulte complicado valorar su riesgo al combinar activos de distinta calidad, y dado que el originador de la titulización no tiene incentivos a valorar objetivamente el riesgo, ya que mediante su venta transfiere efectivamente todo el riesgo al inversor.
Según el proyecto, el Banco de España deberá coordinarse con otros supervisores y reguladores europeos en condiciones «normales o urgentes», así como intercambiar información con el Banco Central Europeo y advertir sobre «situaciones que pudieran poner en peligro el sistema financiero de otros Estados miembros».
Se establece también la creación de colegios de supervisores por parte del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Por último, se introduce el procedimiento de declaración de sucursales significativas, por la que el supervisor de un Estado miembro será competente sobre una entidad de otro Estado establecida en su territorio.
Así, el Banco de España y la CNMV podrán solicitar la declaración de sucursales como significativas, reforzando así sus poderes como supervisores de acogida.
El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo que este proyecto de ley obedece a la necesidad de abordar una regulación más estricta del sistema financiero.
