La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) planea visitar pronto México ante la «situación grave» que enfrentan los inmigrantes en ese país, por los secuestros de este colectivo y la matanza de agosto en el noreste de ese país.
«Estamos en conversaciones con el Estado para concretar la fecha de una visita en el contexto de la situación grave de secuestros de migrantes y de la matanza hace algunos meses», dijo en rueda de prensa el presidente de turno de la CIDH, Felipe González, encargado de la Relatoría Especial para Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias.
«Esperamos poder concretar la visita lo antes posible», señaló, al tiempo que indicó que también la Relatoría Especial sobre los Derechos de la Mujer está en conversaciones con el Gobierno mexicano para efectuar una visita al país.
El pasado 24 de agosto personal de la Marina mexicana encontró los cadáveres masacrados de 72 indocumentados latinoamericanos en un rancho de San Fernando, Tamaulipas (nordeste), en un crimen presuntamente cometido por el cartel de los Zetas.
Los inmigrantes, que según un testigo estaban cruzando el país hacia la frontera con EE.UU., procedían de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Ecuador y Brasil. A la matanza sobrevivieron dos inmigrantes, un ecuatoriano y un hondureño.
Al término de su 140 periodo de sesiones, la CIDH manifestó además su preocupación por la violencia sexual contra mujeres y niñas en Haití, y por la práctica de desalojos forzados de los campamentos de desplazados internos, que tiene un impacto especial sobre mujeres y niños.
En este sentido, recomendó a Haití que declare una moratoria de los desalojos hasta que un nuevo gobierno asuma sus funciones.
La CIDH afirmó, asimismo, que recibió con preocupación información sobre la persistencia en República Dominicana de normas y prácticas que privan del derecho a la nacionalidad a las personas de ascendencia haitiana nacidas en dicho país.
Reiteró que el argumento del Estado no es compatible con la Convención Americana y la jurisprudencia de la Comisión y de la Corte Interamericanas.
Asimismo, recibió información sobre la prescripción de la acción penal para la investigación de la esterilización forzada de la que fueron víctimas más de 2.000 mujeres durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) en Perú.
La CIDH condenó esta situación de impunidad y recordó que en el acuerdo de solución amistosa de 2003, el Estado peruano se comprometió a individualizar y sancionar debidamente a los responsables.
Con relación a EE.UU. deploró la ejecución de Jeffrey Timothy Landrigan el 26 de octubre, después que la CIDH requiriera la inmediata suspensión de su ejecución y la revisión de su juicio.
En ese sentido, condenó el «incumplimiento reiterado» de sus decisiones por parte de EE.UU., especialmente en casos relativos a pena de muerte.
Asimismo, la CIDH expresó su preocupación por la situación de discriminación y violencia contra las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI) en la región.
Especialmente inquietante es la situación en aquellos países del Caribe anglófono, donde hay legislaciones que establecen sanciones penales que van desde diez años de prisión o trabajos forzados hasta prisión perpetua por conducta sexual entre adultos del mismo sexo.
Por ello hizo un llamamiento a que se deroguen estas leyes.
La CIDH calificó de «alarmante» los asesinatos, hostigamientos y amenazas contra defensores de derechos humanos, y la práctica de autoridades de deslegitimar su labor.
También recibió información inquietante sobre graves problemas en la implementación de las medidas cautelares en varios países de la región, en este caso en Colombia y en Honduras.
La Comisión urgió a los Estados a adoptar acciones urgentes para proteger en forma efectiva a los beneficiarios de las medidas.
