La demanda de paternidad de Albert Solà incluye una supuesta prueba de ADN realizada a Juan Carlos I

Un ex agente del CESID irrumpe en el enredo del hijo bastardo del Rey

El aforamiento siguió este martes su curso en el Congreso.

Un ex agente del CESID irrumpe en el enredo del hijo bastardo del Rey
Albert Solà e Ingrid Sartiau

La historia de los dos supuestos hijos ilegítimos del Rey, que durante más de un año han ocultado que la prueba definitiva de ADN desmontó que sean hermanos de padre (así que de entrada al menos uno miente) tiene incluso a un exagente del CESID -ahora CNI- en su plantel.

Todo mientras precisamente este martes, 24 de junio de 2014, se debatía en la Comisión de Justicia del Congreso el aforamiento exprés del exjefe del Estado, que se aprobó con el único apoyo del PP y la abstención -muy comentada- del PSOE (este jueves se someterá al Pleno).

En la ampliación de la demanda de paternidad contra Juan Carlos I interpuesta este lunes por el abogado de Albert Solà en el Juzgado de Primera Instancia 34 de Madrid entra en escena otro hombre: Antonio Miguel Rodríguez Castillo, un perito judicial en criminalística documental afincado en Gerona.

Éste, supuestamente exmiembro de los servicios de inteligencia españoles y contratado por Solà, asegura que consiguió una muestra de ADN del abdicado Monarca.

No se sabe ni cómo ni cuándo. Sólo, según el demandante, que no en fecha «reciente».

Atendiendo a la versión de Solà, que desde hace años asegura ser el hijo primogénito de Don Juan Carlos, hace apenas dos semanas le llegaron los resultados del estudio genético de su ADN y, supuestamente, el del Rey.

Estos, según figura en la ampliación de la demanda y pudo comprobar El Semanal Digital, determinan con «una fiabilidad superior al 99,99%» su consanguinidad.

El abogado del que afirma ser hermano de Felipe VI basa su argumentación en que, una vez abdicó Juan Carlos I, la inviolabilidad que quiera conferirle el Gobierno «no sería extensible a la esfera civil o jurídico privada». «Cuando está copulando no está en el ejercicio de sus funciones», explica gráficamente Francesc Bueno a este periódico.

El letrado advierte de que, si la Justicia española vuelve a denegar a su cliente una prueba de paternidad practicada a Don Juan Carlos, acudirá a los tribunales europeos. Y desde luego no parece que su caso tenga futuro en España a juzgar por la prisa que se ha dado el Ejecutivo de Mariano Rajoy, colando el aforamiento en una reforma de la Ley del Poder Judicial a través de dos enmiendas.

Una fórmula que este martes recibió las críticas de la oposición durante la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, que según los partidos de izquierdas «levanta sospechas y suspicacias».

El portavoz del PP, José Miguel Castillo Calvín, la vinculó a la «impagable deuda de gratitud» hacia el Rey Juan Carlos I.

 

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