Todo le pasa a Doña Cristina. El juez José Castro se empeña en imputarla «a toda costa» y a su hermano Felipe, el que fuera su ojito derecho, todo lo que hace últimamente le parece mal…
Y es que la Infanta no gana para disgustos. Por si no tuviera suficiente con el Caso Nóos, ya ha tenido su primer desencuentro con el nuevo Rey de España, el mismo que le impidió estar en el Congreso de los Diputados el día de la proclamación.
De hecho, el traslado de dos de los hijos de la Infanta Cristina desde Ginebra a Washington para asistir a un campamento de verano han provocado los primeros roces con su hermano.
Según Sandra Aladro, los niños viajaron acompañados por los escoltas que la Casa Real pone a disposición de los duques de Palma.
Cuando esta noticia llegó a Zarzuela, el Rey Felipe VI no dudó en llamarle la atención para que esto no vuelva a suceder, ya que no está dispuesto a que la escolta de la Casa Real esté a disposición de sus sobrinos para tareas que no corresponden a la mera seguridad.
No sólo su hermano le tiene «manía» en los últimos tiempos. También el juez José Castro. De hecho, el recurso que la defensa de la Infanta Cristina presentó este miércoles ante la Audiencia de Palma contra la continuación de su imputación por el Caso Nóos considera que el magistrado ha querido «mantener a toda costa la imputación» por blanqueo de capitales y un delito contra la Hacienda Pública de la hermana menor del Rey.
«La mera pretensión de mantener viva una imputación no puede anteponerse a la estricta aplicación de la Ley», sostienen los letrados Miquel Roca y Jesús Silva en su escrito de 58 páginas al que ha tenido y en el que, no obstante, matizan que no cuestionan la rectitud de intención del juez.
Dicen que solo así se explican que indicios de criminalidad que en su día se consideraron insuficientes o exculpatorios ahora la incriminen, y creen que el juez ha forzado las figuras de delito fiscal y blanqueo «más allá de lo que una cabal interpretación jurídica debería permitir para sostener la relevancia penal de las imputaciones».
Y eso que no cuestionan la rectitud del magistrado.
Sostienen que no es comprensible que tras unas diligencias cuyo resultado consideran exculpatorio se extraigan indicios serios de criminalidad:
«¿Cómo es posible que, al valorar ciertas diligencias, todas ellas de signo exculpatorio, pueda haberse resuelto en sentido favorable al mantenimiento de la imputación?».
Se apoyan en varios informes, entre ellos el de la Agencia Tributaria que consideró que la Infanta no había cometido delito alguno contra la Hacienda Pública y que, aunque hay indicios contra su marido, Iñaki Urdangarin, de fraude en la declaración del IRPF de 2007 y 2008, la hermana del Rey «era por completo ajena a tales presuntos delitos».
Los abogados critican también las consideraciones del juez Castro sobre que la Infanta no había contestado a la práctica totalidad de las preguntas que le hicieron en su interrogatorio como imputada:
«De las más de mil preguntas que se le formularon a Doña Cristina sólo dejó sin responder, por no recordar o desconocer los hechos en detalle, unas doscientas».
«Muchas de las evasivas de Doña Cristina fueron propiciadas por el propio señor Juez, que insistió en preguntar decenas de veces sobre cuestiones de detalle pese a que mi defendida, ya al formularse la pregunta genérica, adelantó no conocer, no constarle o no recordar los pormenores», sostienen los abogados en el recurso.
Dicen que solo así puede explicarse que el interrogatorio a la Infanta sea el mayor motivo para mantener su imputación «en ausencia de mejores indicios».
Insisten en considerar muy dudosos los indicios del juez, y critican la «falta de relevancia penal de las conductas que se imputan» a la Infanta, y también la ausencia, según ellos, de indicios racionales.
