Ha ocurrido, este lunes 6 de abril, en un autobús urbano que une las poblaciones de Sant Joan, Mutxamel con la capital Alicante. Era un trayecto matinal, que cubre la línea 23, tranquilo, con apenas usuarios.
Así lo cuenta a Periodista Digital, Mayte Pérez Ortuño, una usuaria habitual de este servicio que acudía a su puesto de trabajo (de los considerados esenciales) y que grababa la escena del vídeo que ilustra esta noticia.
La Guardia Civil subía al autobús para realizar un control rutinario de pasajeros y comprobar así el motivo de su desplazamiento y si cumplían con los requisitos de confinamiento establecido por el Gobierno.
En estas tareas, uno de los agentes de la Guardia Civil se interesaba por la presencia de un hombre de avanzada edad en el citado bus urbano. El anciano explicaba a los agentes que había tomado el servicio público para ir a “comprar pasteles”. El guardia civil no podía disimular su sorpresa ante la respuesta y explicaba, haciendo gala de una enorme paciencia, que esa no era causa justificada.
Lejos de reconocer la culpa, y cuando ya vamos a por la cuarta semana de confinamiento, el anciano preguntaba entonces al agente de la Benemérita:
“¿Dónde puedo ir a recoger el permiso para ir a comprar pastelitos, al Ayuntamiento o algo?”.
Por esta vez este imprudente se quedaba sin sanción pero eso sí, como se puede ver en el vídeo que ha cedido a PD Mayte (con canal propio en YouTube la justicheyy de las calles), no se libraba de la bronca de la Guardia Civil, que además le pedía “responsabilidad” y cabeza.
Desde que se decretase el confinamiento de la población, el pasado sábado 14 de marzo, La media de sanciones en toda España es demás de casi 15.500 multas al día. O lo que es lo mismo, una cada seis segundos, según los datos que ha facilitado a Periodista Digital el Ministerio del Interior.
Desde Interior recuerdan que saltarse el confinamiento sin causa justificada es un delito que, según contempla el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, está penado con multas de entre 601 y 30.000 euros. Eso sí, es una «propuesta de sanción» ante la que cabe recurso, lo que puede derivar en un retraso del cobro por parte del Estado de hasta tres años.
