Los ciudadanos, como integrantes de un estado de derecho que son, tienen la oportunidad de hacer llegar una reclamación a la Administración cada vez que sientan que se han vulnerado esos derechos. La crisis sanitaria provocada por la expansión del coronavirus SARS-Cov-19 está haciendo que no se respeten las garantías constitucionales de muchas personas, de manera que quedan indefensos y desprotegidos.
Las reclamaciones online a la Administración
Presentar ante la Administración una reclamación es la vía jurídica más rápida y efectiva que existe para que todas las personas que se han visto perjudicadas puedan obtener una indemnización que les ayude a sobrellevar la situación. ¿Es una indemnización la solución a todos los problemas y trastornos ocasionados? No, pero, al menos, es una forma de reparar, en parte, una situación que en algunos casos es de extrema gravedad.
Otras formas de exigir responsabilidades durante esta crisis pueden ser extender una queja o presentar una denuncia. Una queja sirve para dejar constancia del descontento que alguien siente porque un bien de consumo que había adquirido o porque un servicio que había contratado no cumple con unos mínimos exigibles. Sin embargo, una queja es poco más que un documento informativo con el que la empresa o la institución que se encargaba de proveer ese bien de consumo o ese servicio puede conocer el malestar del consumidor para tomar esa opinión como referencia y mejorar la calidad de su producto. Por lo tanto, la queja es más útil para quien la recibe que para quien la pone, ya que suele tener un resultado estéril para los intereses del consumidor.
Por su parte, la denuncia es un procedimiento judicial mucho más serio y profundo que la reclamación y, por supuesto, que la queja. La denuncia sirve para que la Administración tenga conocimiento de que es posible que se haya producido una infracción administrativa –será el juez quien, finalmente, dictamine si se produjo o no dicha infracción-. La denuncia es el procedimiento que emplean aquellas personas que están buscando que se haga justicia. El problema de la denuncia es que tiene un coste bastante más elevado que el de una reclamación y, además, se trata de un proceso que se puede dilatar mucho en el tiempo.
Así pues, las reclamaciones COVID-19 son la forma más cómoda y rápida que tiene un ciudadano de conseguir que se respeten sus derechos durante la crisis del coronavirus, aunque, como es lógico, deben cumplir una serie de requisitos. Es por eso que una empresa como ActaNotarial.com se encarga de realizar los trámites pertinentes para que los ciudadanos puedan presentar la reclamación en la forma que exige la ley.
Este empresa especializada en servicios legales online es experta en gestionar este tipo de casos. Los reclamantes solo tendrán que rellenar un breve cuestionario y ActaNotarial.com, apoyándose en esos datos, expondrá en el escrito los antecedentes legales y los fundamentos jurídicos en los que se apoya la reclamación y presentará el escrito en la Administración. Y todas las gestiones se harán online para mayor seguridad.
El perjudicado, como garantía de que se ha presentado la reclamación, recibirá un acuse de recibo en su correo electrónico y el número de expediente que la Administración haya otorgado al caso para poder hacer las gestiones posteriores que exijan las autoridades como la ratificación de la reclamación o la presentación de pruebas.
Un país de perjudicados
Esta crisis no está siendo sencilla para nadie. Ni para el Gobierno, ni para los sanitarios, ni para el resto de trabajadores, tanto los asalariados como los autónomos, ni para los niños, etc. Cualquier persona es susceptible de ver como se vulneran sus derechos. Las reclamaciones por coronavirus pueden ser presentadas por cualquier persona que haya sufrido estos atropellos y que alegue que ha sido víctima de daños y perjuicios.
Un colectivo que está sometido a una gran presión es el de los sanitarios, que cada día se juegan su salud para velar por la del resto de ciudadanos. La reclamación sanitarios COVID-19 pretende que esos profesionales que ahora son vistos como unos héroes puedan exigir una compensación. Son muchos los médicos, enfermeros, anestesistas, celadores y un largo etcétera de trabajadores de la salud que se han visto obligados a desempeñar su trabajo sin contar con las medidas de protección adecuadas, por lo que han estado expuestos al virus y a una carga viral grande. De hecho, es más que probable que muchos de ellos hayan contraído la enfermedad por falta de prevención y de seguridad. Además, lo que están viviendo estos días en los hospitales puede llegar a generar problemas psicológicos como el estrés, la ansiedad o cuadros de miedo y depresión. Es de justicia que estos profesionales tengan la posibilidad de recibir una compensación por todo lo que están sufriendo a causa del coronavirus en España.
Pero los sanitarios no son las únicas víctimas de esta situación; la Policía y la Guardia Civil también están sometidos a mucha presión y no cuentan con el equipo de seguridad necesario; los autónomos están atravesando un momento de gran incertidumbre; muchos trabajadores han sido despedidos… todos ellos tienen derecho a recibir una indemnización.
