(PD / EFE).- La titular del juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona ha enviado a juicio a un sargento, dos cabos y tres agentes de los Mossos d’Esquadra por presuntamente torturar a un rumano detenido por error en julio del 2006. El arrestado, hemofílico, sufrió policontusiones por los supuestos golpes durante su detención y traslado a la comisaría de Les Corts.
Según el auto de apertura de juicio oral, Fernando C. L., Jordi P. B., Joan S. P., Alejandro A. G. A., Manuel F. M. e Iván Antonio M. M. serán juzgados por la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona. Los acusados deben depositar una fianza de 10.000 euros para las posibles indemnizaciones, de las que la Generalitat deberá responder como responsable civil subsidiaria en caso de condena.
La fiscalía mantiene que los agentes detuvieron a Lucian P. el 27 de julio del 2006 pensando que era un ladrón. Los dos cabos y los tres agentes acusados se le abalanzaron, lo esposaron, le golpearon y le dijeron: «Te vamos a matar». La detención se practicó sin que se identificasen como policías, algo que solo hizo uno de ellos cuando la actuación fue recriminada por los peatones.
Pistola en la boca
Según la fiscalía, en el coche policial, los agentes Jordi P. B., Manuel F. M. y Joan S. P. intentaron conseguir la confesión del detenido metiéndole una pistola en la boca y, una vez en comisaría, siguieron golpeándole y amenazándole. El agredido les señaló que era hemofílico y que podía morir si le continuaban golpeando. Los acusados le respondieron que «más le valía».
La fiscalía añade que Lucian P. quedó en libertad al día siguiente, después de que la víctima del robo no le reconociera en una serie de fotografías. Pese a que los mossos se percataron de que le habían detenido por error, decidieron registrar su casa sin orden judicial en busca de algo que pudiera incriminarle.
La compañera sentimental de Lucian P. también denunció a los agentes por detención ilegal y aseguró que los acusados la agarraron del pelo y la arrastraron para introducirla en el coche policial. La mujer, según la acusación pública, permaneció dos horas en comisaría «obligada por los acusados», que no le dijeron que estaba detenida.
La fiscalía solicita entre tres y 10 años de cárcel
Para la jueza, la mujer fue interrogada por el sargento Iván Antonio M. M. «sin asistencia letrada y sin ser informada de sus derechos», sin hacerlo constar en el atestado. Según el auto, estos hechos pueden ser constitutivos de un delito contra los derechos constitucionales y otro de falsedad documental. La fiscalía no acusa al sargento, pero sí la acusación particular.
La fiscalía sí acusa a Jordi P. B., Manuel F. M. y Joan S. P. por los delitos de lesiones, torturas y atentado grave contra la integridad moral, por lo que pide 10 años de prisión para cada uno. Para Fernando C. L. solicita siete años de cárcel por lesiones y atentado contra la integridad moral, mientras que para Alejandro A. G. A. pide tres años por atentado contra la integridad moral.
La acusación particular, por su parte, entiende que los hechos se traducen también en delitos de detención ilegal, falsedad documental, contra la inviolabilidad del domicilio, contra los derechos constitucionales y en una falta de maltrato. El letrado de las víctimas pide hasta 12 años de cárcel para tres de los agentes, y para el resto, entre tres y 11 años de cárcel.
