El CGPJ detectó en noviembre de 2007 retrasos del juez de Tirado al ejecutar las sentencias

(PD / EFE).- El Consejo General del Poder Judicial inspeccionó el pasado mes de noviembre el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, cuyo titular -Rafael Tirado- mantuvo en libertad al presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz, y detectó un «cierto retraso» en el trámite de las ejecuciones de sentencia.

Según ha explicado el vocal y portavoz del CGPJ, Enrique López, el servicio de Inspección llevó a cabo la revisión, incluida en un programa sistemático de visitas a juzgados, y al encontrar «cierto retraso» en el negociado de ejecuciones de sentencia ofreció una serie de recomendaciones al juez y a la secretaria del juzgado.

Entre las recomendaciones se encontraba la supervisión personal de las ejecutorias, una reordenación del personal de dicho negociado y en concreto que la secretaria tuviera un cuidado personal en la documentación de las ordenes de búsqueda y captura y tramitación de recursos.

Además, Inspección ordenó un seguimiento de la cuenta de consignaciones y del negociado de ejecuciones en el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, donde no se apreciaron irregularidades como para abrir un expediente, según López.

El CGPJ abrió el pasado jueves una información previa respecto a la actuación desarrollada por Tirado, encargado de ejecutar la sentencia que condenó al detenido como supuesto autor de la muerte de la niña Mari Luz, Santiago del Valle, por abusos sexuales a su hija de cinco años.

Reunión ‘urgente’ de la Comisión Permanente

Por su parte, tres vocales de la minoría progresista del órgano de gobierno de los jueces, Luis Aguiar, Juan Carlos Campo y Fernando Salinas (vicepresidente del CGPJ) han pedido al presidente, Francisco José Hernando, que convoque de manera «urgente e inmediata» una comisión permanente -que se suele reunir los martes- con la intención de que se aclare lo ocurrido en este caso.

Aguiar ha indicado que en la revisión del juzgado llevada a cabo en noviembre de 2007 no se detectaron irregularidades.

Para Aguiar, este asunto «es suficientemente grave», por lo que junto a Campos y Salinas ha solicitado que comparezca en la comisión permanente el jefe del Servicio de Inspección de este órgano, José María Gil Sáez.

«El jefe de Inspección debe comparecer para exponer las conclusiones y para poder adoptar medidas y deducir responsabilidades», ha concluido Aguiar, quien ha asegurado que «el Consejo está impactado y quiere poner la máquina al máximo rendimiento para ver qué es lo que ha pasado aquí y evitar que pueda repetirse».

Al respecto, el portavoz del CGPJ, Enrique López, ha indicado que este asunto se tratará el próximo martes en una comisión permanente ordinaria y ha hecho hincapié en que hay que dejar trabajar a Inspección «para que cuanto antes haga una propuesta a la comisión disciplinaria».

«Inspección, que ha actuado con eficacia, hace un estudio general del estado de los juzgados, nunca puede hacer un control caso a caso», ha recordado. En 1995, Tirado fue expedientado por el CGPJ por retrasos en la tramitación de un proceso relativo a una menor cuando era juez de la localidad sevillana de Lora del Río, y se le impuso una multa de 300 euros por una falta grave.

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