(PD).- La Audiencia de Cantabria ha condenado a dos años de cárcel a un hombre que instaló una minicámara en el aseo de señoras para captar imágenes íntimas de sus empleadas, tras rebajar la pena que inicialmente se le impuso al entender que padece una alteración psíquica que limita su responsabilidad.
Según se recoge en la sentencia, a finales del verano de 2003 el acusado, Dionisio G.E., que es gerente de una inmobiliaria, colocó una cámara de vídeo en los aseos de señoras del polígono industrial en donde se halla su oficina para captar imágenes íntimas de sus empleadas. Primero ubicó la cámara en el techo y, después, en el soporte del papel higiénico, de modo que grabó a sus empleadas durante unos dos meses.
El procesado captó a tres empleadas, que quedaron grabadas en unas imágenes que después veía en su ordenador personal. En abril de 2004 un operario descubrió las imágenes cuando se disponía a hacer unas copias de seguridad en el ordenador de Dionisio G.E. y, en compañía de una de las perjudicadas, denunció los hechos a la Guardia Civil.
La sentencia señala que el acusado también realizaba grabaciones aleatorias de mujeres que transitaban por lugares públicos, una conducta que reiteró con una chica, a la que acosó y persiguió. Como consecuencia de estos hechos, dos de las empleadas que fueron grabadas tuvieron problemas para conciliar el sueño y de nerviosismo, lo mismo que la mujer a la que acosó el acusado, que sufrió además un desequilibrio emocional.
Sentencia
Una de las tres empleadas no reclamó, renunció a toda acción civil y perdonó a Dionisio G.E., que consignó una fianza civil por importe de 30.000 euros por estos hechos. Además, antes del juicio depositó 6.000 euros para cada una de las empleadas a las que grabó. Los agentes requisaron al acusado dos ordenadores, y numerosos CD, disquettes, cintas, una cámara y diverso material informático y de vídeo.
Por estos hechos, el Juzgado de lo Penal número 1 de Santander impuso al acusado una pena de tres años de prisión, a razón de un año y seis meses por cada uno de los delitos contra la intimidad de los que se le acusaba. También le condenó a pagar una multa de 1.800 euros, y a indemnizar a las dos empleadas que denunciaron con 9.000 euros para cada una, con cargo al dinero que consignó antes del juicio.
