(PD).- La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una pena de tres años de prisión para el presunto asesino de Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, por los abusos que supuestamente cometió en diciembre de 2006 contra una niña de cuatro años en la capital hispalense.
Una vecina de un patio comunitario de la barriada de La Oliva observó cómo Del Valle tocaba con fines sexuales a una niña. Cuando fue descubierto dijo, antes de salir corriendo, que era el tío de la pequeña. El Ministerio Público imputa por estos hechos a Santiago del Valle un delito deabusos sexuales en el que no aprecia ninguna circunstancia atenuante pero sí la agravante de reincidencia, por lo que pide la pena máxima por este delito, tres años, y una indemnización para la menor de 60.000 euros.
El presunto autor de la muerte de Mari Luz se encuentra en este momento en la prisión granadina de Albolote, donde ha empezado a cumplir las condena por abusos sexuales a su hija de cinco años y a otra niña de nueve años, y que en total suman cuatro años y nueve meses.
Santiago del Valle no había cumplido ninguna de las condenas que tenía pendientes cuando supuestamente abordó y asesino a la pequeña de cinco años Mari Luz Cortés.
Por este motivo, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó en abril abrir un expediente por falta muy grave de desatención al titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, por la «pasividad, dejación de funciones y ausencia de control» en las que podría haber incurrido a la hora de ejecutar la sentencia que dictó en 2002 contra Santiago del Valle por abusos a su propia hija.
Posteriormente, el Ministerio de Justicia incoó un expediente disciplinario a la secretaria del mismo juzgado para investigar si podría haber incurrido en una falta grave de negligencia por los retrasos que sufrió la ejecución de la condena por abusos sexuales dictada por este órgano contra el presunto asesino de Mari Luz Cortés.
Para instruir el expediente contra Tirado, el CGPJ designó al presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wenceslao Olea Godoy, que tiene un plazo de seis meses para concluir.
