El instructor justifica al juez del caso Mari Luz porque tenía mucho trabajo

(PD).- El instructor del expediente a Rafael Tirado cree que si el juez no ordenó el ingreso en prisión de Santiago del Valle (el presunto asesino de Mari Luz Cortés) pese a haberle condenado por abusar de su propia hija fue porque su juzgado contaba con una plantilla «muy justa» y gran carga de trabajo.

Así lo expone en un informe que ha remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que propone que Tirado sea sancionado con una multa de 1.502 euros por una falta grave de retraso injustificado y no por un falta muy grave como propone el fiscal.

La comisión disciplinaria del CGPJ estudiará ambas propuestas el próximo 10 de septiembre.

Santiago del Valle, el presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortés, fue condenado en noviembre de 2002 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, del que es titular Tirado, a dos años y nueve meses prisión por abusar de su hija menor. La Audiencia tardó más de tres años en confirmar la sentencia: lo hizo en diciembre de 2005. Después, la ejecutoria de esta sentencia estuvo paralizada en el juzgado de Tirado durante más de dos años y dos meses.

Sobre el retraso de la Audiencia en resolver nadie dice una palabra. Pero el del juez Rafael Tirado ha sido objeto de toda clase de ataques desde que se conoció el caso. Ahora, el instructor del expediente contra él, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wenceslao Olea, concluye que «ese retraso estaba justificado en la propia situación del Juzgado, el aumento de las ejecutorias y la caótica designación funcionarial».

«No hay desatención muy grave porque lo más que le puede ser reprochable al magistrado es no haber prestado mayor atención a la sección del negociado de ejecutorias (…), pero esa desatención pasaba por el hecho de que se le hubiera dado cuenta de la concreta situación en que se encontraban esas ejecutorias», afirma Olea

El instructor hace hincapié en la «actitud pasiva» de los colaboradores del juez, especialmente de la secretaria del Juzgado, así como de las acusaciones, tanto el fiscal como la Junta de Andalucía.

Según su informe, la «incidencia funcionarial había propiciado la existencia de más de 600 ejecutorias que habrían de controlarse sin dejar de atender a los restantes trámites».

No obstante, en su opinión, aunque el retraso estaba justificado, el juez estaba obligado a adoptar medidas especiales de vigilancia y control para dar las órdenes oportunas para evitarlo.

El Fiscal dice que fue muy grave

El fiscal, sin embargo, discrepa con el instructor respecto de la gravedad de la actuación del juez y califica los hechos como una falta muy grave de desatención o retraso injustificado y reiterado en la tramitación de una causa cuyo castigo podría ser de suspensión hasta de 3 años, traslado forzoso o separación de la carrera.

Para el fiscal, tras la denegación de la suspensión de condena de Santiago del Valle y el correspondiente auto de ingreso en prisión, que no pudo ser notificado porque el condenado estaba fuera de su domicilio, Tirado no adoptó ninguna resolución de búsqueda y así transcurrieron más de dos años.

Por su parte, Rafael Tirado ha alegado que el control de cada ejecutoria en concreto no le corresponde a él y afirma que ha cumplido de forma completa con su función jurisdiccional Además, en su informe recuerda la precaria situación de su Juzgado.

¿Qué ocurrirá?

Según fuentes del Consejo, si la comisión disciplinaria cree que los hechos constituyen una falta grave impondrá la sanción que estime, pero si concluye que es muy grave tendrá que remitir el asunto al pleno que es el competente para imponer la sanción.

La «opinión» del Gobierno

El Gobierno quiere que el Poder Judicial expulse de la carrera a Rafael Tirado el juez que condenó al presunto asesino de Mari Luz Cortés pero no ordenó su ingreso en prisión. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha dicho hoy que la sanción que pide el fiscal por una falta muy grave para él «defiende mejor los intereses generales» que la del Consejo del Poder Judicial, para quien la actuación de Tirado supone una infracción sólo grave, castigada como mucho con 3.000 euros de multa.

No es la primera vez que el Ejecutivo trata de orientar la los jueces en este asunto. A finales de junio, la vicepresidenta del Gobierno Maria Teresa Fernández de la Vega aseguró que la Fiscalía General del Estado recurrirá si el Consejo General del Poder Judicial sólo impone una multa al juez Rafael Tirado. De La Vega aseguró que la sociedad «no lo entendería».

En una rueda de prensa para presentar la Memoria de la Abogacía General del Estado de 2007, el ministro de Justicia se ha referido a la discrepancia entre el instructor del expediente abierto a Tirado -que no ordenó ejecutar la sentencia que condenó por abusos a su hija al detenido por la muerte de Mari Luz- y el fiscal. Para el titular de Justicia, la posición de la Fiscalía «es muy ajustada a la realidad de lo acaecido».

Por ello, la decisión del Ministerio Público en este caso «defiende mejor los intereses generales y el modo en que debe controlarse la actividad judicial irregular en este país».No obstante, ha recalcado que lo importante es que el CGPJ dé una respuesta pronta.

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