(PD).- La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado a una pena de 20 años de cárcel que deberá cumplir fuera de la ciudad y a otros cinco de alejamiento cuando salga en libertad al ciudadano marroquí Kassen El Yassini como «autor criminalmente responsable del delito de asesinato consumado» de una niña ceutí de siete años a la que degolló en su casa en septiembre de 2006, según la sentencia.
Igualmente, la Sala ha impuesto al acusado el pago de las costas procesales causadas y a abonar una indemnización de 125.000 euros a favor de la madre de la fallecida, con la que había mantenido una relación sentimental.
La Audiencia ha confirmado punto por punto las apreciaciones del Tribunal Popular que, tras la celebración del juicio oral los pasados días 22 y 23 de septiembre, ya declaró a El Yassini culpable del delito que se le imputaba por unanimidad.
En su veredicto la Sala considera que las pruebas de cargo contra el condenado fueron «más que suficientes», tanto por los testimonios oídos como por el hallazgo del cadáver y el cuchillo utilizado en el domicilio de la víctima y el informe de auotpsia completado con una prueba pericial.
«No existe duda alguna sobre la existencia de alevosía en la muerte de una menor de siete años que facilita al agresor la entrada en la vivienda en la confiaza que le da por sus relaciones con ella misma y con su madre y, una vez en el interior, no sólo aprovecha su corpulencia física, sino que sujetándola por detrás e impidiendo totalmente su defensa y la posibilidad de pedir auxilio con una evidente falta de riesgo para el agresor», razona la Audiencia en su auto, en el que no aprecia circunstancias «ni agravantes ni atenuantes de la responsabilidad penal en el delito de asesinato».
Todo ello, sumado a que «durante las sesiones del juicio no dejó entrever el más leve síntoma de arrepentimiento», a la «contradicción» que el tribunal apreció en el silencio que El Yassini mantuvo durante todo el juicio y a los «singulares límites geográficos» de Ceuta, con apenas 20 kilómetros cuadrados de superficie, han llevado a la Sala a aplicar la pena de prisión solicitada por la acusación y la mitad de la de «alejamiento, no aproximación o prohibición de comunicación» que se pedía en un principio, quedándose en cinco años a contar desde su hipotética salida de la cárcel.
