Juzgan a dos funcionarios por pedir «propina»


(PD).-Continúa el juicio contra dos auxiliares de la Comisaría de Policía Nacional de Yecla acusados de quedarse con unos 14 euros de una mujer que había acudido a renovarse el pasaporte y a la que no devolvieron nada cuando entregó 30 euros, ya que las tasas por esta gestión ascendían a 16,21 euros. La mujer, que pagó esta cantidad indebida, declaró ante la Audiencia Provincial de Murcia como testigo, manifestó que el día en que ocurrieron los hechos, hace ahora tres años, indicó a los funcionarios que tenía cierta urgencia en conseguir el pasaporte, ya que dos días después emprendía viaje a México.

Aseguró que le habían pedido dinero para el bocadillo, «por lo que accedí a ello pensando que sería así, porque me dijeron que tenían que quedarse más tiempo en la oficina para resolver este trámite, pero la verdad es que me pareció muy raro». Cuando volvió al día siguiente a recoger el pasaporte comentó lo ocurrido a un policía nacional de servicio y los hechos llegaron al superior de los funcionarios, que presentó una denuncia en el juzgado de guardia según publica el Periódico de Yecla.

El actual jefe de la Comisaría de Yecla, quien presentó la denuncia, declaró también ratificando el contenido de su denuncia, en la que se recogía lo que le había contado la mujer, que aseguró que había entregado 30 euros, cuando las tasas por esta gestión eran sólo de 16,21 euros.

Por su parte, los acusados negaron los hechos en la primera sesión del juicio con jurado que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Murcia. Uno de los acusados, J.M.C., afirmó que no devolvió este dinero a la mujer «porque se fue enseguida y no nos dio tiempo, aunque se lo dimos al día siguiente». Sin embargo, en otro momento del interrogatorio de la fiscal del juicio, admitió que cuando fueron llamados al despacho por su superior reconocieron que «hicimos algo que no debíamos hacer, que habíamos cometido un error».

El segundo acusado, E.J.F., indicó que desconocía el dinero que cobró su compañero por las tasas de renovación del pasaporte, ni lo que devolvió, «y no me pude quedar con propina alguna, entre otras cosas, añadió, porque no hice ninguna gestión de cobro, ni hablé con ella al día siguiente para pedirle que no comentara nada a mi superior».

El juicio, que continuará hoy miércoles, concluyó su primera sesión con la prueba pericial en la que intervino el psiquiatra Pedro Antón Fructuoso, que trata a J.M.C. desde abril de 2006, es decir, seis meses después de ocurrir los hechos, y que señaló que éste padece un trastorno esquizo-afectivo. La acusación estatal solicita para cada uno de los funcionarios una condena de 42 euros y suspensión de cargo público por un año, mientras que las defensas piden la absolución, al considerar que no hubo exigencia de dinero alguno.

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