(PD).- El narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, ‘El Negro’, cuya fuga en diciembre de 2001 poco después de ser excarcelado por «riesgo de suicidio» por la Audiencia Nacional cuando se enfrentaba a una pena de 60 años de prisión puso en jaque a este tribunal, lleva varios meses preso en Brasil.
Fuentes policiales en el país suramericano han señalado que Ruiz Santamaría está encarcelado desde hace nueve meses en un centro penitenciario de Sao Paulo con una identidad falsa después de ser detenido el 2 de mayo del año pasado por narcotráfico.
Las gestiones han sido realizadas por la Brigada de Crimen Organizado y el Servicio de INTERPOL de la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional.
La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dejó en libertad bajo fianza a El Negro el 22 de diciembre de 2001 para que recibiera tratamiento médico, después de recibir un informe médico psiquiátrico de la prisión madrileña donde permanecía desde julio de 1999 que aseguraba que el narcotraficante padecía un transtorno de la personalidad con tendencia al suicidio. Ruiz Santamaría aprovechó su excarcelación para fugarse y no compareció al juicio cuyo inicio había sido señalado para unas pocas semanas después, el 14 de enero de 2002, en el que iba a enfrentarse a una petición del fiscal de 60 años de prisión y al pago de una multa de unos 370 millones de dólares.
Polémica liberación
El Negro, también conocido como Pelopincho, había sido detenido en julio de 1999 junto con otras 40 personas en la llamada Operación Temple, relacionada con la incautación ese año de uno de los alijos de cocaína más importantes intervenidos en Europa, con más de 10.000 kilos de esta sustancia.
A raíz de su fuga, la Fiscalía presentó en el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra los tres magistrados que le habían excarcelado -Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero- y el Consejo General del Poder Judicial decidió suspenderles en sus funciones.
Por su parte, el órgano de gobierno de los jueces impuso siete meses de suspensión a Cezón y seis para López Ortega y Ollero por una falta muy grave de desatención al dictar una resolución, pero los tres recurrieron al Tribunal Supremo y éste anuló las sanciones al estimar que, aunque su decisión fue «errónea», no supuso desatención.
