El presidente de la Asociación Islámica de Cunit (Tarragona), Abderramán el Osri, y el imán de localidad, Mohamed Benbrahim, serán juzgados hoy acusados de amenazar y coaccionar desde finales de 2008 a una vecina musulmana, mediadora cultural del Ayuntamiento, que dejó de llevar velo.
El fiscal pide cuatro años de prisión para el presidente de la entidad cívico-religiosa, cinco para el imán, y dos para la esposa y para la hija de éste por coacciones, amenazas y calumnias.
Según el escrito de la Fiscalía de Tarragona los cuatro acusados actuaron «con la finalidad de que la víctima, Fátima G.G., abandonase su puesto de mediadora cultural».
Para ello enviaron un escrito a la alcaldesa de Cunit en noviembre de 2008 en el que habían recogido firmas entre la comunidad islámica poniendo de manifiesto que la víctima «no poseía estudios, que no entregaba información suficiente a los necesitados ni les respetaba».
También explicaron a la alcaldesa que Fátima falsificaba informes de arraigo social y que informaba de los bienes que tenían, impidiéndoles que les concediesen ayudas estatales.
Con la misma finalidad, se pusieron en contacto con el miembro de asuntos religiosos de la Generalitat Agustí Iglesias diciéndole que Fátima era un «topo» en el ayuntamiento y que les pasaba información.
La tarde del 22 de noviembre de 2008 cuando la víctima paseaba por el casco antiguo de Cunit, Mohamed Benbrahim se le acercó y le dijo: «No durarás ni un día más, voy a acabar con vosotros y vuestros hijos».
Un informe interno del Ayuntamiento redactado en 2009 ya alertaba del excesivo poder acumulado por los dos líderes ahora imputados, que se erigían como el único vínculo entre musulmanes y administración. «Actúan como únicos interlocutores y no respetan los canales fijados por el Ayuntamiento», dice el escrito, según El País.
El informe pone en evidencia una estructura caciquil bajo el consentimiento municipal: «Se intenta que aborden sus asuntos a través de los técnicos, pero se dirigen a los políticos, que los atienden de forma directa». Añade que rechazan mantener conversaciones con los técnicos municipales, especialmente cuando son mujeres.
La acusación particular asegura que todos estos actos de los acusados tenían la finalidad de «aislar a Fátima y su familia de la comunidad islámica, de que abandone su puesto de trabajo, o incluso que las autoridades prescindan de sus servicios» y explica que sus actos fueron subiendo de intensidad, incluso con enfrentamiento físico.
Explican que Fátima ha sufrido y sufre un estado de ansiedad que le ha llevado a solicitar la baja en su puesto de trabajo por la «evidente presión que se estaba ejerciendo contra ella».
Por su parte, la defensa niega todos los hechos. Explican que, si bien es cierto que varias personas del colectivo marroquí realizaron un escrito al Ayuntamiento alegando trato de desconsideración y abuso por parte de Fátima hacía las gestiones del colectivo, nunca la increparon ni se pusieron en contacto con nadie más. Critican que fue ella quien, el 22 de noviembre de 2008, insultó al imán y a su hija.
