La Policía Nacional ha desarticulado, tras siete meses de complicadas investigaciones, una organización dedicada a la explotación de mujeres para la prostitución a gran escala, que ha culminado con la detención de 105 personas y el precinto de trece centros de prostitución ubicados en zonas privilegiadas de Madrid y dos centros administrativos desde donde los cabecillas dirigían y controlaban toda la actividad.
La red, que usaba potentes campañas de publicidad en prensa escrita, creó hasta 15 sociedades mercantiles para dar apariencia de legalidad a los grandes beneficios obtenidos de la prostitución, que superaban los 700.000 euros mensuales.
Y es que en los últimos años, estas redes han pasado de la clandestinidad a desarrollar notorias campañas, sobre todo en prensa escrita e Internet, con el objetivo de atraer clientes hacía los lugares establecidos donde las mujeres explotadas ejercían la prostitución. De hecho, la Policía calcula que esta red estaba detrás de casi la mitad de los anuncios de contactos sexuales insertados en la prensa.
Pero detrás del entramado, la verdad es que las mujeres que ejercían la prostitución permanecían las 24 horas en el centro y estaban sometidas a turnos, todo bajo la supervisión directa y el estricto control de las denominadas «encargadas». Todo el lujo que ofrecían a los clientes en los anuncios, nada tenía que ver con el cuarto donde las chicas pernoctaban: literas apiladas en un pequeño cuarto trastero, sin luminosidad alguna. Una salita repleta de taquillas, televisión y sofás deteriorados era donde las mujeres se cambiaban de ropa y permanecían hacinadas a la espera de la llegada de los clientes.
INVESTIGACION
La operación, iniciada el pasado mes de diciembre por la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsificación Documental (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Madrid, se ubica dentro del Plan contra la trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual.
Tras un exhaustivo estudio de los anuncios en prensa escrita e Internet, los investigadores consiguieron determinar que, lo que en un principio parecían publicaciones independientes, estaban relacionadas entre sí y llevaban a una misma red. Esta llevaba tanto tiempo funcionando en la capital que había conseguido un alto grado de especialización.
Tirando del hilo, los agentes consiguieron poner nombre a todas las empresas que integraban el entramado. Por un lado, contaban con trece grandes centros de prostitución y, por otro, con dos bases administrativas y hasta quince sociedades mercantiles para la gestión y control de los citados centros, todo con el objetivo de dar una apariencia de legalidad. Así conseguían unos beneficios mensuales que rondaban los 700.000 euros.
Los agentes han conseguido identificar y determinar las funciones específicas de los más de 100 miembros de la organización, y por otro, intervenir toda la documentación necesaria para desenmascarar el entramado de sociedades que la red había creado en torno a la prostitución.
UNA COMPLEJA ESTRUCTURA
La organización tenía estructura piramidal y estaba formada por distintos escalones que iban desde jefe como máximo responsable y principal beneficiario hasta personal auxiliar (mantenimiento, informática, seguridad, mensajería,…), pasando por director general, director operativo, controladoras por zonas, telefonistas/recepcionistas con funciones de información, facturación y trato con clientes y prostitutas; personal de administración con tareas de gestión documental, facturación, publicidad y relaciones con entidades bancarias.
La cúpula de la organización colocaba como administradores y apoderados de estas sociedades a telefonistas o encargadas de los centros de prostitución. A los administradores les pagaba 500 euros mensuales y 200 euros a los apoderados quienes, en la mayoría de los casos, no conocían el nombre de las sociedades que representaban.
Eran tales lo beneficios económicos que obtenían que llegaban a gastar mensualmente entre 30.000 y 45.000 euros por periódico. Las telefonistas estaban tan especializadas que, dependiendo del anuncio por el que se interesaba el cliente, debía dar una u otra información. Además de instrucciones por escrito, tenían en cada centro unos 8 teléfonos con su correspondiente anuncio insertado o página web de forma que, antes de responder al teléfono, sabían a que tipo de anuncio se refería el cliente.
Finalizado el turno, y siguiendo órdenes de la cúpula, cada centro ingresaba la recaudación, bien en las cuentas bancarias establecidas bien en la caja fuerte del local. Todo estaba estudiado: existían limpiadoras, personal de mantenimiento, informática e incluso servicio de seguridad al margen de la Ley de Seguridad Privada que, en plan matones, solucionaban cualquier problema de las chicas con los clientes. Todos ellos sin contrato de trabajo y, la gran mayoría, extranjeros en situación irregular.
Además de los mencionados anuncios, también contactaban con recepcionistas de hotel y taxistas que, a cambio de unos 50 euros, derivaban clientes a sus centros.
36 REGISTROS
El pasado lunes, y bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, se llevaban a cabo de forma simultánea 36 entradas y registros en locales de Madrid. El operativo, liderado por la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Madrid, contó con la colaboración con agentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y GOIT para la apertura de cajas fuertes.
Un dispositivo de más de 150 policías que permitió la detención de 105 personas, integrantes de la organización, y la identificación de 92 mujeres que ejercían la prostitución en ese momento. Además de numerosa documentación que permitirá demostrar el entramado de sociedades, se han decomisado 23.000 euros en efectivo, que constituían la facturación del día.
Los arrestados, imputados como presuntos autores de delitos relativos a la prostitución, contra el derecho de los trabajadores y asociación ilícita ya han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.
