La Fiscalía de Barcelona ha presentado una querella contra siete personas, entre ellas tres funcionarios de la Generalitat, por acelerar la concesión de cédulas de 113 viviendas, algunas de las cuales no cumplían los requisitos para obtener esta certificación que acredita la habitabilidad de las mismas.
Según informa hoy La Vanguardia, los hechos investigados, constitutivos de delito de cohecho y falsedad, se produjeron supuestamente entre el 1 de febrero de 2008 y el 23 de septiembre de 2009, y afectan a viviendas e inmuebles de 22 edificios situados en Barcelona y Hospitalet de Llobregat.
Los acusados (tres funcionarios, tres gestores inmobiliarios y un arquitecto técnico) recibían por conceder la cédula cantidades que iban de los 200 a los 3.500 euros según la magnitud del fraude, ya que no sólo agilizaban a tres días un trámite que puede conllevar entre tres semanas y un mes, sino que la otorgaban a inmuebles que no cumplían los requisitos: locales comerciales, sótanos, semisótanos o entresuelos dedicados a oficinas, entre otros.
La Fiscalía indica que la red captaba a los interesados tanto en el departamento donde se tramitan las cédulas, como por conocidos o a través de internet.
