La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada acogerá desde este miércoles el juicio contra siete hombres que fueron sorprendidos por las fuerzas de seguridad descargando 2.980 kilogramos de hachís en la playa La Matraca de Motril (Granada), hechos por los que cada uno de ellos se enfrenta a seis años y nueve meses de prisión y multas de 12 millones de euros. No está previsto que la convocatoria de la huelga general afecte a la celebración de la vista oral, que se prolongará hasta el 1 de octubre, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
Según consta en el escrito de acusación pública, al que tuvo acceso Europa Press, fue sobre las 7,00 horas del pasado 8 de octubre de 2009 cuando los siete acusados, de nacionalidad española, marroquí y argelina, dos de ellos en situación irregular, descargaron un total de 99 fardos de hachís desde una embarcación que llegó a la orilla hasta un vehículo tipo camión que se encontraba en la playa.
Los acusados no pudieron terminar su tarea porque fueron sorprendidos por las fuerzas de seguridad y huyeron del lugar, abandonando 27 fardos de la mercancía ilícita en el interior del camión y el resto en la arena de la playa.
El piloto de la embarcación pudo ponerla rumbo mar adentro y fue perdida de vista por la fuerza de seguridad actuante, cosa que no ocurrió con los ahora procesados, que fueron detenidos tras una breve persecución y se encuentran privados de libertad por esta causa desde ese día.
El camión utilizado por los acusados era de la empresa de alquiler ‘Atesa’ y fue arrendado por una persona desconocida usando documentación que resultó ser falsa.
El total de los 99 fardos aprendidos contenían una sustancia que, tras ser analizada y pesada por los Servicios Sanitarios del Estado, resultó ser resina de hachís, con un peso neto de 2.980 kilogramos con 900 gramos, que los acusados cargaban en la furgoneta «con la evidente intención de distribuirla a terceras personas mediante su venta o donación».
La sustancia aprehendida fue valorada por la Oficina Central Nacional de Estupefacientes del Ministerio del Interior en 4,11 millones de euros. Además, en el momento de la detención se intervino a los acusados seis teléfonos móviles y una tarjeta Masmovil que «habían usado para su ilícita actividad».
La Fiscalía, que califica los hechos como un posible delito contra la salud pública, solicita, en el caso de los dos acusados que se encuentran en situación irregular en España, E.M.M. de 34 años y N.T. de 28 años, que la pena sea sustituida por la expulsión a su país de origen, una vez cumplidas las tres cuartas partes de la condena, con la prohibición de regreso a España por tiempo de diez años.
