Prisiones puso en conocimiento de la Fiscalía el presunto abuso sexual sufrido por una interna de Meco

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias puso en conocimiento de la Fiscalía de Madrid los hechos denunciados por una interna de Alcalá Meco tras sufrir en marzo de 2007 un presunto abuso sexual por parte de un funcionario de la prisión.

Fuentes de Prisiones han indicado a Europa Press que la Secretaría General de Prisiones abrió una investigación interna a finales de marzo de 2007 para dilucidar estos hechos. Al no hallar pruebas concluyentes, decidió remitir la investigación al Ministerio Público ante la gravedad de los hechos denunciados.

«No pudo determinarse de forma categórica que existiera ese abuso sexual por la dificultad de encontrar testimonios y pruebas determinantes», han señalado las citadas fuentes, que han añadido que no se sancionó al funcionario al no tener certeza de los hechos.

Por su cuenta, la víctima denunció los hechos ante el juez de vigilancia penitenciaria de Meco, quien acordó abrir diligencias para investigar lo sucedido. A esta investigación se sumó la documentación remitida por Instituciones Penitenciarias, que incluía una carta remitida en abril de 2007 por una funcionaria de este centro penitenciario en la que se alertaba de que empleados de la prisión mantenían relaciones íntimas con las reclusas.

CARTA A GALLIZO

La aclaración de Instituciones se produce después de que esta mañana una funcionaria de Alcalá-Meco haya revelado en un juicio que remitió en abril de 2007 una carta a la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, en la que advertía de la habitualidad de las relaciones íntimas entre empleados de la prisión y presas internas en los diferentes módulos.

El juicio se celebra contra uno de los jefes de mantenimiento de la cárcel y otra interna por un delito de abusos sexuales y amenazas que habrían cometido contra una reclusa, a quien prometieron un puesto de trabajo en el economato a cambio de mantener una relación íntima.

El procesado, José María L.C., se enfrenta a nueve años y seis meses de cárcel por un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios y abuso sexual, mientras que Eva María M.V. afronta una pena de siete años por abuso sexual y amenazas. El juicio proseguirá el próximo 13 de octubre.

En la sesión, la víctima ha relatado que el acusado le ofreció un trabajo remunerado a cambio de mantener relaciones sexuales con ella, a lo que accedió, según ha relatado por necesidad económica. La agredida ha asegurado que la procesada comenzó a amenazarla después de que se negara a mantener más contactos sexuales.

Acto seguido, ha señalado que tardó en denunciar los hechos por vergüenza, puesto que se prestó a dicha coacción. La denuncia se interpuso a instancias de una funcionaria de Meco que le recomendó contar lo sucedido para que los hechos no quedaran impunes, «unos hechos que eran habituales en el centro».

RELACIONES INTIMAS, «ALGO HABITUAL» EN MECO

En su testifical, dicha funcionaria ha revelado que las relaciones íntimas entre empleados y presas era «algo habitual» en la prisión de Alcalá-Meco. De hecho, ha contado que en 2007 remitió una carta a Gallizo en la que le advertía de estos hechos, los cuales estaban siendo ignorados por la dirección del penitenciario.

Asimismo, pidió a la Secretaría de Estado de Interior que abriera una información para investigar lo que estaba sucediendo. «Nunca hubo respuesta», ha aseverado la mujer a la salida del juicio, donde también ha manifestado que no le sorprendió que el pasado abril se procediera a la destitución de la cúpula de Meco por presuntos favores sexuales entre presas y funcionarios.

La testigo ha señalado que le empezaron a «hacer la vida difícil» después de que denunciara que una interna trató de agredirla con una navaja, que supuestamente hizo desaparecer el procesado. Estos hechos se incluyeron en la carta remitida a Gallizo al estar protagonizados por la misma persona que supuestamente abusó de la víctima.

Por su parte, el funcionario acusado ha tachado de «falso» los hechos que se le imputan. Según su versión, la víctima le abordó un día para pedirle un puesto de trabajo y éste le comentó que él no tenía la facultad de dar los destinos, indicándole que debía seguir el protocolo establecido por el centro para ello.

De igual modo, la procesada ha negado que actuara de intermediaria entre el funcionario y la víctima. También se ha mostrado contraria a que fuera la autora de una carta en la que vertía amenazas a la víctima. Pese a ello, la prueba caligráfica que se le practicó certificó que su cuerpo de escritura coincidía con la letra de la misiva.

LOS HECHOS

En el escrito de acusación, el fiscal relata que en octubre de 2005 ingresó en el centro Frida V.S., de nacionalidad mejicana. La víctima inició una relación de amistad con la procesada, a quien comentó que tenía interés en obtener un puesto de trabajo remunerado para mandar dinero a sus hijos.

Así, Eva María M.V. instó a Frida a mantener un encuentro sexual con José María, con quien se había puesto de común acuerdo para ser intermediaria. Así, la víctima fue conducida al economato por la procesada y el acusado mantuvo relaciones con ella tras ofrecerle un puesto de trabajo, lo que finalmente no sucedió. El procesado volvió a requerir relaciones sexuales a la víctima pero ésta se negó y le pidió que la dejara tranquila.

El 27 de marzo de 2007, Frida recibió en su celda una nota en la que le amenazaba con producirse algún accidente si comentaba algo de lo ocurrido.

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