La abogada del presunto fundador de los ‘Latin Kings’, María Angeles Samaniego, ha reprochado a la fiscal adscrita al caso la ausencia de pruebas policiales que acrediten que su cliente, Eric Javier Velastegui, alias ‘El Padrino’, lidere la banda latina desde su creación el 14 de febrero de 2000 en el municipio de Galapagar, y actualmente desde la prisión.
«Hay una falta absoluta de pruebas de mi cliente respecto a su participación directa como jefe y de pruebas que puedan desvirtuar su presunción de inocencia», ha aseverado la letrada en la exposición de su informe en el que ha pedido la libre absolución de Velastegui y la aplicación, si se le condene, de la atenuante de dilaciones indebidas en el proceso penal.
Velastegui se sienta en el banquillo de los acusados desde hace varias semanas junto a otros diez supuestos cabecillas menores de la organización, de los cuales cuatro están encarcelados. Los procesados se enfrentan a penas de cárcel que oscilan entre los cuatro años y los dos años de cárcel.
En su alegato, la abogada María Angeles Samaniego ha replicado a la fiscal que no hay prueba alguna de que su patrocinado haya redactado el ‘Manifiesto’, es decir, las normas escritas de la organización en el que se imparte su doctrina; se relata la jerarquía de la misma; o se especifican los castigos.
Asimismo, Samaniego se ha mostrado contraria a que el tribunal valore las sentencias aportadas por la fiscal en relación a la supuesta actividad delictiva de Velastegui anterior a 2006, puesto que los hechos que se juzgan son posteriores.
Además, ha asegurado que las declaraciones de los testigos protegidos, de cuyas manifestaciones se basa la acusación de la fiscal, están «viciadas», puesto que a su juicio los agentes que tomaron las mismas «conminaron» a decir lo que ellos querían.
En la sesión de ayer, la fiscal mantuvo su solicitud de pena de 4 años de cárcel para los cabecillas de la banda: Eric Javier Velastegui; José Fabricio Icaza; y la española María Torres.
Para el resto, solicitó tres años y nueve meses de cárcel. La única modificación se produjo para Juan Antonio S.F., para quien sustituyó los dos años de cárcel que pedía en un principio por la expulsión del acusado a su país, conforme a lo solicitado por él mismo.
En sus conclusiones, las defensas reclamaron la libre absolución de sus clientes al estimar que no está acreditado el delito de asociación ilícita. En el caso de que se les condene, la mayoría pidió que se aprecie la atenuante analógica de dilaciones indebidas en el procedimiento, puesto que lleva cinco años a la espera de una sentencia firme.
