La Agrupación de Cuerpos de Administración Penitenciaria de Instituciones Penitenciaria (ACAIP) ha denunciado la «brutal agresión» que sufrieron este domingo tres funcionarios del centro penitenciario de Madrid VII, en Estremera, cuando un preso «muy peligroso», que estaba «camuflado» en régimen de vida normal, les propició dos puñetazos causándoles contusiones severas graves, con politraumatismo y heridas «contusas» en la cabeza y en la cara.
Según ha informado Acaip en un comunicado, los hechos se produjeron el pasado domingo cuando los funcionarios le comunicaron que debía comer en el comedor del centro y no en su celda como pretendía el agresor. «El preso, que es un experto conocedor de artes marciales, se cruzo con los funcionarios en las escaleras y sin mediar palabra le dio dos puñetazos al primer funcionario y le quito el Walki Talki, que luego empleo para abrirle una enorme brecha en la cabeza a otro de los trabajadores del penal y romperle la cara y el tabique nasal a un tercero», ha afirmado Acaip.
El sindicato de Prisiones ha explicado que los tres trabajadores fueron trasladados a última hora de la tarde al Hospital Arganda donde los servicios médicos les curaron las heridas y les realizaron pruebas. Según ha denunciado Acaip, esta es la «segunda vez en poco más de un mes» que los funcionarios de este centro penitenciario son «agredidos» y «maltratados» por presos «muy peligrosos» que están «mal clasificados» porque, según ha recalcado, están en «segundo grado» cuando «por su peligrosidad» tendrían que estar en el «primero».
«Contrariamente a la razón y al sentido común la clasificación de los internos por su grado de peligrosidad no la realiza el personal de vigilancia, ni se tiene en cuenta su opinión. La clasificación la realizan psicólogos, educadores y demás profesionales de tratamiento, siguiendo unas pautas que marcan desde la Secretaria General y no en el conocimiento del comportamiento de los internos dentro de la prisión», ha subrayado el sindicato de Prisiones.
AGRESOR REINCIDENTE
Además, Acaip ha recordado que el preso «no es la única vez» que agrede a funcionarios ya que en la prisión de Daroca agredió a «todos» los funcionarios de servicio que «no lograron hacerse con él» dada su «experiencia» y conocimientos en la «lucha cuerpo a cuerpo». El agresor fue trasladado el pasado mes de agosto desde la prisión de Valdemoro a Estremera debido a que se encontró en su celda teléfonos móviles y comida no adquirida en el establecimiento penitenciario.
Un hecho que, según el sindicato penitenciario, es «muy extraño» puesto que el interno dirigió una carta al director del centro solicitándole la devolución del material que le habían sustraído porque estaba «autorizado» por el subdirector de seguridad y porque el «pedagogo» del centro le había ayudado económicamente.
«Lo más extraño de este caso es saber cómo el interno consiguió burlar los sistemas de seguridad de la prisión de Valdemoro para introducir pollos asados del Alcampo, cereales Fitness y una ingente cantidad de artículos prohibidos», se ha preguntado el sindicato de Prisiones para informar de que, a pesar de que la inspección penitenciaria abrió un expediente contra el pedagogo del centro, todavía «no se han interrogado a los testigos» y criticar que el instructor se «conforme» con la «versión de los hechos dada» por el director del centro.
Así, ha señalado que fue en la prisión de Valdemoro donde se clasificó al preso y ha asegurado que su relación con el pedagogo «tuvo mucho que ver» porque «se pasaban mañanas enteras» compartiendo un «reducido despacho». «Durante más de un año recibió un trato preferente pero, como consecuencia de infringir las normas de la prisión, se le retiro esa confianza, se le cambio de centro y se le cortaron los canales de entrada de objetos prohibidos», ha enfatizado Acaip.
El sindicato ha recordado también que el centro permitía al pedagogo que «solo» se ocupara de hacer terapia con este interno a pesar de haber 1.300 presos más y ha cuestionado el porqué se encontraron toallitas de higiene íntima y unos envoltorios de preservativos en la mesa del especialista en pedagogía del aula en la que había realizado la terapia con el agresor. «La inspección penitenciaria y la secretaria general pretenden pasar de puntillas por este caso», ha lamentado Acaip.
