Fiscalía pide inhabilitar dos años al ex jefe de la Udyco en Sevilla por favorecer a un clan de ‘narcos’

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado dos años de inhabilitación para empleo o cargo público relacionado con la seguridad pública para el ex jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) en Sevilla, Francisco T., por no perseguir y favorecer supuestamente el tráfico de drogas por parte del clan de Los Barriga, en concreto por parte del matrimonio compuesto por J.C.M., conocido como ‘El Barriga’, y de su esposa, M.Y.C.V., para cada uno de los cuales el Ministerio Público pide cuatro años de prisión.

Hay que recordar que la juez de Instrucción número 19 de Sevilla, Ana Escribano, que investiga el robo de 154 kilos de heroína y cocaína de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, imputó al ex jefe de la Udyco tras conocer, en el marco del procedimiento referido, que Francisco T. pudiera estar favoreciendo el tráfico de drogas por parte de este clan, lo que motivó que le retirara el pasaporte y le prohibiera salir de España, estando obligado además a comparecer regularmente ante el juzgado. No obstante, la juez rechazó recientemente imputarlo por su presunta participación en el robo de la droga de Jefatura.

En su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público solicita al Juzgado de Instrucción número 19 la apertura de juicio oral contra los tres acusados, considerando que el entonces jefe provincial de la Udyco, «infringiendo el deber que le imponía su condición de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, y pese a tener conocimiento de la actividad a que venían dedicándose los otros dos acusados en el piso de San Juan de Aznalfarache, se abstuvo de intervenir directamente o de comunicar tal actividad delictiva a sus superiores o a otros servicios policiales».

Según el relato de la Fiscalía, tanto J.C.M. como M.Y.C.V. venían dedicándose «desde hacía tiempo y de forma habitual, constante y permanente» a la venta de droga en su domicilio de San Juan, añadiendo que, «tras varios días de vigilancia por la Policía, de este piso y sus inmediaciones, pudo comprobarse las actividades de venta de droga que llevaban a cabo en este piso los dos imputados», y pone como ejemplo que el día 16 de enero de 2009 «vendieron por 200 euros una bolsita con 2,37 gramos de cocaína y un valor en el mercado de 91 euros».

LOS ACUSADOS «ALARDEARON» DE CONOCER AL EX JEFE DE LA UDYCO

En este sentido, el fiscal apunta que estos dos acusados «realizaban esta actividad sin adoptar medidas de seguridad, en muchas ocasiones con la puerta abierta para facilitar la entrada de los compradores que, si eran varios, algunos esperaban su turno en la calle hasta que los que estaban dentro eran despachados».

Asimismo, indica que, el 17 de enero de 2009, y tras un periodo de vigilancia del piso y sus inmediaciones «que puso de manifiesto la actividad que se desarrollaba», se autorizó judicialmente la entrada y registro del inmueble así como de otro cuya titularidad ostentaba J.C.M. y su familia. Durante el registro, los acusados «alardearon de conocer a Francisco T., lo que hicieron tanto ante la secretaria judicial como ante los funcionarios de Policía de la Unidad de Asuntos Internos, pidiéndoles que llamaran a ‘Paco Tarifa’ para ver ‘si se puede arreglar todo'».

En esta línea, la Fiscalía pone de manifiesto que en este registro se intervino, en el salón, 6,8 gramos de hachís, una caja de caudales en cuyo interior había 8,41 gramos de cocaína, una balanza de precisión, 154,56 euros y 50 pesos mejicanos, dos tarjetas de teléfono móvil, 18 teléfonos móviles, y 48 mecheros de gas empleados para sellar los paquetes de cocaína. Por su parte, en el dormitorio se intervinieron otros tres teléfonos, 26,2 gramos de hachís, 550 euros en billetes dentro de un bolso negro de mujer, 426 miligramos de cocaína, 3,31 gramos de marihuana y una caja de caudales roja con joyas. Toda la droga intervenida tenía en el mercado ilícito un valor de 437 euros.

Por todo ello, la Fiscalía solicita para J.C.M. y M.Y.C.V. cuatro años de prisión y el pago de una multa de 1.000 euros por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas de las que causan un grave daño a la salud, mientras que para el ex jefe de la Udyco pide dos años de inhabilitación por un delito de omisión del deber de perseguir delitos.

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