La Audiencia de Cantabria ha impuesto una pena de tres años de prisión al trabajador de Aqualia, la empresa concesionaria del servicio municipal de aguas de Santander, al que se acusaba de falsificar documentos a cambio de compensaciones económicas por parte de los usuarios.
La Sección Primera le considera culpable de un delito de cohecho y otro de falsedad documental, y por eso condena también a Luis R.S. a tres años de suspensión de empleo público y una multa de 1.080 euros.
El procesado se enfrentaba a una petición de penas de ocho años de prisión por parte del Ministerio de Fiscal por haber falsificado, entre 2005 y 2006, las cédulas de habitabilidad necesarias para el alta de los contratos a cambio de dinero.
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