El delegado de la Tesorería de la Seguridad Social de Bullas (Murcia), que fue detenido en relación a dos operaciones desarrolladas por la Policía Nacional en Tenerife, Valencia, Alicante, Murcia, La Coruña, Vigo y Madrid y que se ha saldado con la detención de 18 personas acusadas de delitos de falsedad documental, cohecho y revelación de secretos, se encuentra actualmente en libertad, según han informado a Europa Press fuentes de la Comunidad Autónoma.
El hombre, de 64 años de edad, está de baja, y, según las mismas fuentes, no se le ha apartado del cargo porque «ante todo está la presunción de inocencia y hasta que no se determine por parte de los jueces si hay alguna sentencia condenatoria, nuestra actuación no puede interferir al procedimiento judicial».
En concreto, el delegado de la Tesorería de la Seguridad Social de Bullas fue detenido el pasado 20 de diciembre de 2010 por la extracción de datos que vendía a una trama que elaboraba informes comerciales.
Agentes de la Policía Nacional registraron su domicilio y despacho, donde encontraron material probatorio. El detenido pasó posteriormente a disposición judicial del juzgado de Mula, que dictó prisión para el mismo. Según fuentes policiales, se dictó prisión para cinco personas, entre ellas el delegado de la Tesorería de la Seguridad Social en Murcia, y hay otra cuatro en libertad a la espera de juicio.
Entre los arrestados se encontraban también vigilantes de seguridad y detectives privados, entre otros, según ha informado el Ministerio del Interior. En total, nueve vigilantes han sido detenidos en Tenerife por falsedad documental al utilizar titulaciones académicas y diplomas de formación falsos para conseguir su habilitación en el sector de la seguridad privada. Ocho de los detenidos se encontraban actualmente trabajando como vigilantes en un Centro de Menores tinerfeño.
Además, dos de ellos estaban también habilitados como directores de seguridad y escoltas privados tras presentar falsas titulaciones. Otro de los detenidos obtuvo igualmente de forma fraudulenta su acreditación como vigilante de explosivos.
En otra operación simultánea, los agentes han desmantelado una trama organizada que se dedicaba a la obtención y comercialización ilícita de datos reservados de carácter personal. Nueve individuos han sido detenidos en Valencia, Alicante, Murcia, La Coruña, Vigo y Madrid por delitos de cohecho, revelación de secretos y asociación ilícita.
En esta operación, los detenidos son dos detectives privados de Madrid, el director de una Oficina de Empleo dependiente del Servicio Regional de Empleo y Formación de Murcia y otras seis personas relacionadas con agencias de ‘información comercial’ con ámbito de actuación en Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia, aunque con ramificaciones en otras Comunidades Autónomas.
SOBORNOS Y VENTA DE INFORMACION CONFIDENCIAL
El entramado delictivo estaba liderado por un individuo de Alicante que se atribuía la condición de «detective privado» o de «perito judicial de investigación». Esta persona había sobornado a un director de una Oficina de Empleo murciana para que le facilitase datos protegidos relativos a personas físicas.
Posteriormente, vendía esta información confidencial a través de diversos intermediarios integrantes de la red. Los datos objeto de compraventa, como domicilios, teléfonos, DNIs, localización de bienes, grupo de cotización, subsidios, pensiones, situación laboral o categoría profesional, tenían como destinatarios finales a entidades bancarias y financieras, despachos de detectives y cualquier otra empresa interesada en los mismos.
En la investigación se ha acreditado que, en el último trimestre de 2010, los detenidos comercializaron más de 1.000 informes con datos protegidos sobre personas físicas repartidas por todo el territorio nacional. Sus expectativas eran las de suministrar un mínimo de 2.000 informes mensuales y durante un periodo de cinco años. El coste de cada uno de los informes oscilaba entre los 10 y 20 euros.
El trasvase de los datos se realizaba adoptando extremas medidas de seguridad, con la creación de cuentas de correo electrónico e intercambio de claves entre los miembros de la organización, en la que existía una clara distribución de tareas y una voluntad de permanencia en el tiempo. El pago por los informes suministrados se efectuaba «en mano», normalmente cada quince días, o a través de empresas de mensajería, evitando cualquier otro sistema tradicional o la emisión de facturas, para evitar la obtención de elementos de prueba.
Los investigadores han registrado cinco domicilios y varios despachos profesionales en donde han intervenido abundante documentación y material informático, además de dinero en efectivo, que está siendo analizado. Cinco de los detenidos en esta última operación han ingresado en prisión por orden judicial y el resto está sometido a medidas cautelares.
