Los representantes de las Comunidades Autónomas en materia de Igualdad se han mostrado por lo general «satisfechos» con el mantenimiento de los fondos presupuestarios destinados a la asistencia de las víctimas de violencia de género, uno de los temas que se han abordado en la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada este miércoles, y en la que también se ha propuesto la ampliación de dispositivos de atención a las víctimas y se ha presentado el Anteproyecto de Ley integral para la igualdad de trato y no discriminación.
Así, la directora del Instituto de la Mujer de Aragón, Rosa Borraz, ha señalado que teniendo en cuenta la situación de recortes generalizados, el que se haya respetado el fondo para la ayuda a las víctimas y tenga la misma cuantía que el año pasado «muestra la prioridad que supone para este Gobierno la lucha contra la violencia de género».
Borraz también se ha referido al Anteproyecto de Ley de igualdad de trato, que ha calificado como «perfecto», y ha afirmado que no se puede consentir ningún tipo de discriminación, ya que la Constitución garantiza el derecho a no sufrirla sea cual sea el motivo. En ese sentido, ha reconocido que además de las mujeres hay otros colectivos con problemas que «también habrá que abordar».
En una línea similar se ha expresado la directora del Instituto de la Mujer del País Vasco, María Silvestre, quien ha salido «satisfecha» de la reunión por el mantenimiento del fondo para la asistencia de las víctimas, así como por «el consenso a la hora de enfatizar la transversalidad y sobre cómo ejecutar y potenciar las políticas de igualdad en el Estado».
Silvestre ha añadido que la Conferencia Sectorial ha servido para reflexionar sobre la responsabilidad de los ámbitos gubernamentales en la materia, y para enfatizar que la culpa «siempre está en el agresor». Además, ha considerado «positiva» la medida de ampliar los dispositivos electrónicos a las mujeres que no interponen denuncia».
Por su parte, la directora de Política Social de La Rioja, Paloma Corres, ha agradecido también el esfuerzo que supone mantener el fondo, aunque ha matizado que «pediría más» y ha instado a «remar en un mismo sentido», en referencia a que a su juicio es necesario intentar ampliar los recursos de protección a las víctimas «pero sin duplicar esfuerzos presupuestarios».
Corres ha explicado que tanto las administraciones regionales como la estatal están implementando programas y dispositivos de protección, y ha incidido en la petición de una mayor coordinación y flexibilidad a la hora de que las comunidades autónomas puedan imputar gastos que están ejecutando. «En ocasiones da la sensación de que duplicamos esfuerzos», ha razonado.
Respecto al anteproyecto, la representante de La Rioja ha afirmado que varias comunidades han presentado alegaciones porque entienden que debe ser un proyecto que parta de una reflexión «más amplia», y se ha mostrado de acuerdo con la Comunidad de Madrid en la necesidad de mejorar el texto en los puntos referidos a la inversión de la carga de la prueba y a la inclusión de determinados colectivos que no aparecen reflejados en el texto.
