La Junta Electoral Central está dispuesta a permitir, a instancias del PSOE y del PP, que la prohibición de organizar actos de inauguración de obras o servicios durante la precampaña no impida que los cargos públicos puedan visitar esas obras, acompañados por la prensa.
Así se recoge en el borrador de instrucción, al que tuvo acceso Europa Press, que el organismo arbitral ha enviado a los partidos políticos para que presenten alegaciones antes de aprobar una resolución definitiva en su reunión del próximo jueves.
En otro de estos borradores se reafirma que las cadenas privadas de televisión también tendrán que informar de la campaña electoral de los partidos en función de los resultados que estos cosecharon en los anteriores comicios y que, si alguna emite un ‘cara a cara’ entre los dos principales líderes, deberá dar después un debate con todos los candidatos en liza, el mismo requisito que se impone desde hace años a las públicas.
SONDEO PREVIO DE LA JEC
En su reunión del pasado jueves, la Junta Electoral Central empezó a discutir las consecuencias prácticas que tendrá la aplicación de las novedades de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) pero, en vez de sentenciar aprobando resoluciones, que venía siendo su proceder habitual, prefirió sondear primero a los principales partidos con vistas a evitar polémicas, especialmente en torno a las nuevas restricciones de la precampaña como el fin de las inauguraciones o la prohibición de la propaganda.
Uno de los puntos más controvertidos de la nueva redacción de la LOREG, en vigor desde finales de enero, es el que establece que desde la convocatoria de unas elecciones hasta el inicio legal de la campaña, «queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales», a la vez que suprime también los actos formales de inauguración de obras y servicios.
El PSOE y el PP prepararon un escrito para la Junta Electoral buscando una interpretación permisiva de ese precepto. Entre otras cosas, piden que se deje organizar actos de visita a obras públicas para compensar esa prohibición de inauguraciones oficiales, que se puedan pegar carteles o publicar anuncios si son para informar de la celebración de mítines, o incluso repartir folletos en la calles y hacer campaña informativa en Internet.
IRRITACION DE LAS MINORIAS
El PNV y CiU, los otros dos firmantes de la reforma electoral, consideran que esa interpretación vulnera el espíritu de la ley. «Esto es un ejercicio de hipocresía política», sostiene el nacionalista vasco Aitor Esteban. «Hay que cumplir la ley, como todos», apostilló a Europa Press el convergente Jordi Xuclà, quien recuerda que su formación ya ha reajustado su precampaña evitando actuaciones que pudieran ser ilegales.
Por su parte, el Gobierno se ha declarado «ajeno» al escrito de socialistas y ‘populares’ pero en todo caso ha garantizado que cumplirá con la legislación y con lo que decida la Junta Electoral «rigurosamente».
Las propuestas de la Junta Electoral se inclinan por dar la razón a PSOE y PP. Así, proponen dejar fuera de prohibición de las inauguraciones a «las visitas a dichas obras o la información que puedan proporcionar estrictamente sobre el estado de ejecución de las obras o la puesta en funcionamiento de los servicios». Eso sí, sin que se escapen «alusiones a las realizaciones o los logros conseguidos». Y es que, según había dicho a Europa Press el socialista José María Benegas, aunque se supriman los actos de inauguración, no se puede prohibir a un cargo político visitar unas obras.
En cuanto a las restricciones de publicidad en precampaña, la Junta Electoral se inclina por permitir, además de los mítines ordinarios, el reparto de folletos, fotografías y artículos de mercadotecnia para dar a conocer los candidatos, la contratación de espacios publictarios para anunciar mítines o el mantenimiento de páginas web y de presencia en redes sociales de Internet.
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Otra de las propuestas de resolución se refiere a los medios de comunicación habida cuenta de que la reforma electoral impuso la extensión a las cadenas privadas de los criterios de pluralidad y neutralidad que ya se venían exigiendo a las públicas en cuanto a informativos, entrevistas y debates.
Entre otras cosas, la Junta Electoral señala que las cadenas privadas deberán seguir el criterio de porporcionalidad y que su información de la actividad de los partidos durante la campaña electoral habrá de tener en cuenta los resultados que cosecharon en los comicios anteriores. Es decir, dando más tiempo a quien tiene mayor presencia parlamentaria y menos a quien tuvo menos cuatro años antes.
Pero además se avisará a las cadenas privadas que, si deciden emitir un ‘cara a cara’ entre los candidatos mayoritarios en una cita electoral, deberá compensar también a los demás organizando otro debate con todas las fuerzas con representación parlamentaria.
