La Policía Nacional de Málaga ha culminado la operación denominada ‘Ladrillo 11’ con la detención de 11 personas, una de nacionalidad española y 10 extranjeras, que se dedicaban a falsificar contratos de trabajo a través de una empresa ‘fantasma’, con el fin de conseguir regularizar en España a ciudadanos en situación irregular.
Según las investigaciones, el supuesto empresario de nacionalidad
española, que cuenta con numerosos antecedentes policiales por diferentes delitos, realizaba ofertas de trabajo falsas, bien directamente o a través de intermediarios, a ciudadanos extranjeros que se encontraban en España de forma irregular, según han informado desde la Policía Nacional en un comunicado.
Así, con el fin de poder tramitar la autorización de residencia y trabajo, recibía una cantidad económica de entre 600 y 1.000 euros, obteniendo beneficios de carácter ilícito, mientras que algunos de los extranjeros nunca fueron dados de alta en la Seguridad Social. De los que sí habían sido dados de alta alguno tuvo que pagarse personalmente las cuotas, a pesar de que no llegaron a realizar ninguna actividad laboral.
La empresa ‘fantasma’, que estaba afincada en Málaga y que aparentemente desarrollaba labores en el sector de la construcción, realmente no realizaba actividad laboral alguna y había contraído una deuda con la Tesorería de Administración del Estado cercana al medio millón de euros, han precisado.
Las investigaciones han permitido detectar que por este procedimiento se habían tramitado a través de la Oficina de Extranjeros un total de 73 solicitudes de autorización de residencia en las que se aportaban contratos laborales de la empresa mencionada, sin que en ningún caso los extranjeros trabajasen para ésta.
OPERACION ‘CAT’
Por otro lado, en el mes de abril ha sido detenido otro empresario español como principal implicado en una trama de venta de contratos falsos a extranjeros en situación irregular con el fin de normalizar su situación.
Este hombre estaba siendo buscado desde hace varios meses como
culminación de la operación ‘Cat’, llevada a cabo durante el mes de julio del año pasado y en la que se procedió a la detención de otras cinco personas más, implicadas todas ellas en la venta de contratos falsos.
En esta ocasión, los contratos se realizaban a través de una empresa de multiservicios afincada en Vélez Málaga (Málaga), por cuya compra ciudadanos extranjeros abonaban entre 300 y 600 euros, han señalado desde la Policía.
Estos abonos se realizaban en un solo pago, en los casos en los que el extranjero no realizara con posterioridad trabajo alguno para la empresa; o mediante cuotas que le eran deducidas de la nómina, en los casos en los que sí llegaban a trabajar realmente para la misma.
El empresario, que ha ingresado en prisión por orden judicial, contaba en el momento de su detención con antecedentes por diferentes delitos como estafa, robo y hurto.
