El fiscal de menores y el abogado de Ramón S.J., alias ‘Ramón’, uno de los cuatro adolescentes condenados por el asesinato de Sandra Palo, han solicitado al juez de menores que revoque las medidas de control que estaban previstas para cumplimentar su salida en libertad, que ha tenido lugar esta misma mañana, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
En virtud de la condena impuesta, el segundo de los asesinos de la joven getafense debía cumplir 18 meses de régimen semiabierto y otros cinco años de libertad vigilada.
Sin embargo, el juez celebró ayer una comparecencia en la que el fiscal y el abogado del chico solicitaron que se anulen dichas medidas en aplicación del artículo 14.4 de la Ley que regula la Responsabilidad Penal del Menor.
Este precepto legal prevé esta medida si los informes que dicta Prisiones son favorables en cuanto a su evolución y conducta. El juez deberá pronunciarse sobre sendas peticiones en el plazo de cinco días.
REGIMEN SEMIABIERTO
Entretanto, ‘Ramón’ ha pasado este jueves a una situación de régimen semiabierto, a la espera de lo que se decida, tras cumplir ocho años de internamiento, primero en un centro de menores y luego, en una cárcel convencional tras cumplir la mayoría de edad.
‘Ramón’, que tenía 16 años cuando ocurrieron los hechos, fue condenado siguiendo la Ley del Responsabilidad del Menor a esta pena de internamiento cerrado.
La comparecencia de ayer se debe a que Instituciones Penitenciarias solicitó al Juzgado que especificara cómo se debían ejecutar estos 18 meses de régimen semiabierto, ya que esta situación bajo la Ley del Menor puede no ser asimilable a la que ya se aplica en mayores de 18 años.
Además, los condenados adultos una vez pasan a régimen semiabierto pueden cumplir este periodo de diversas formas. Así, algunos van a centros de inserción social, otros salen a diario a la calle para trabajar o acudir a un programa de tratamiento, o se quedan en el centro si no tienen trabajo o si les facilitan la formación o el tratamiento en el propio recinto. Por tanto, también el Juzgado debería precisar en qué modalidad se incluiría el caso de ‘Ramón’.
Posteriormente, en diciembre de 2012 el condenado pasaría a un régimen de libertad vigilada. Igualmente, la institución penitenciaria tendría que instar al Juzgado del Menor a que especificara de qué manera se ejecutaría dicha figura penal, puesto que no existe como tal en el sistema penal de adultos, y si podría ser asimilable a la figura de libertad condicional.
De hecho, el caso de Rafael F.G., alias ‘Rafita’, otro de los sentenciados por asesinar a la joven getafense, fue determinante para dar importancia al control de dicha libertad vigilada. Y es que mientras el joven se encontraba en libertad vigilada cometió varios robos.
Instituciones Penitenciarias y la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior se enzarzaron entonces en un conflicto de competencias, que acabó con la asunción de las funciones por parte del departamento estatal. Entonces, en los pocos meses que le quedaban para conseguir la libertad total –el pasado mes de junio– ‘Rafita’ fue tutelado convenientemente y acudió a programas de inserción laboral, indicaron a Europa Press las mismas fuentes.
No obstante, una vez salió libre totalmente, Rafael F.G. fue detenido en diversas ocasiones por intentar robar de vehículo y robos con fuerza. También fue desahuciado de su casa y está imputado por intentar ‘okupar’ una casa que no era de su propiedad.
EL RESTO DE LOS CONDENADOS
Aparte de ‘Ramón’ y ‘Rafita’, el tercero de los menores implicados en la muerte de Sandra Palo, Juan Ramón M.M., alias ‘Ramoncín’, saldrá a la calle bajo el mismo régimen en mayo de 2012, según datos penitenciarios. Como también era menor de edad en ese momento, fue condenado a ocho años y once meses en régimen cerrado, doce meses de internamiento en régimen semiabierto y cinco años y medio de libertad vigilada.
El cuarto y último acusado, Francisco Javier A.L., alias ‘el Malaguita’, aún cumple condena en una cárcel convencional por ser el único que en el momento del crimen era mayor de edad.
REFORMA DE LA LEY
Por su parte, la Asociación Sandra Palo por la defensa de las libertades, que dirige la madre de la fallecida, María del Mar Bermúdez, ha convocado concentraciones todos los últimos viernes de cada mes en varias ciudades de España, entre ellas Getafe y Aranjuez, para impedir que este tipo de asesinos salgan en libertad «con tan pocos años de pena».
Concretamente, solicitan la reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor para rebajar la edad penal, el cumplimiento de las penas a partir de la mayoría de edad en centros penitenciarios, la existencia de antecedentes penales en menores que hayan cometido delitos de sangre y de especial violencia, una vez cumplidas sus condenas, así como la «verificación real y objetiva» de las rehabilitaciones de los menores antes de su reinserción.
