El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Salud Pública de Andalucía, una norma que será sometida a debate en el Parlamento autonómico tras el verano, cuyo tramite se pedirá por la vía urgente y que recoge, entre sus principales novedades, que la salud pública se convierta en un elemento transversal de todas las políticas de gobierno.
En la rueda de prensa habitual tras la reunión del Consejo de Gobierno, Montero ha explicado, tal y como ya avanzó hace dos años cuando dio a conocer que su departamento trabajaba en este texto, que la principal misión de la ley será la de velar para que en cualquier acción de Gobierno, «como por ejemplo cuando se está ordenando el urbanismo o se instala una industria dentro de una ciudad», exista un informe previo e indispensable de salud pública que permita proteger la salud de los ciudadanos de ese entorno y que sea indispensable para la autorización de esa instalación industrial.
Así, las iniciativas, proyectos, obras y actividades públicas y privadas requerirán para su aprobación de dicho informe de evaluación de impacto en la salud colectiva. Este ámbito de acción engloba, de esta forma, especialmente los ámbitos relativos al empleo, la vivienda, el deporte, el urbanismo o la educación.
En materia urbanística y de vivienda, se recogen derechos relacionados con la inclusión de zonas verdes en los planeamientos, la prohibición del uso de materiales de construcción que suponen riesgos para la salud y la garantía de un perímetro de seguridad en la puesta en marcha de actividades o zonas industriales.
Junto con la evaluación de impacto en salud de las actividades económicas, el proyecto de ley prevé también la posibilidad de establecer incentivos para las empresas que realicen planes de autocontrol o auditorías voluntarias.
«Los andaluces tendrán derecho a zonas verdes en sus lugares de convivencia, a que sus edificios y viviendas se construyan con materiales seguros y que no comporten riesgos para la salud, y a que se les garantice la existencia de un perímetro de seguridad alrededor de las áreas industriales», ha ahondado Montero acerca de las bonanzas de una nueva ley, que implicará que de las evaluaciones y resultados que se emitan sobre el impacto en la salud de un proyecto dado, se verá afectado los planes y programas de la Junta.
Así, y a modo de ejemplo, la titular del ramo ha ahondado que la norma, «que conceptualmente es la primera del tipo que se pone en marcha en el conjunto del Estado», obligará a los ayuntamientos «a contar con estrategias de movilidad sostenible, que propicien la disminución de las emisiones contaminantes o a dotarse de espacios para peatones».
DERECHOS DE «TERCERA GENERACION»
«Se trata de nuevos derechos que los ciudadanos podrán reclamar, ya que se formulan regulados por esta ley», ha proseguido Montero, quien ha llegado a calificar estas nuevos derechos de ‘tercera generación’ y que otorgará al ciudadano «su derecho a conocer el estado epidemiológico del entorno donde viva, sobre salud ambiental y las características de las condiciones que regulan su alimentación».
Entre los derechos regulados también destaca el relativo al conocimiento y que obligará a la Administración «no sólo a poner a disposición del ciudadano la información que le afecta, sino también la capacitación necesaria para analizarla, asumirla y utilizarla libremente en las decisiones sobre su salud».
El derecho al conocimiento incluye también el acceso al resultado de las investigaciones y estudios de la autoridad sanitaria, así como a obtener información sobre las características esenciales de los productos alimentarios y sus condiciones de producción, distribución y comercialización.
De igual modo, se establecen los derechos a contar con estrategias públicas de educación para la salud, movilidad sostenible y de promoción de actividades físicas; a la inmunización contra las enfermedades infectocontagiosas, y a recibir las prestaciones preventivas o rechazarlas siempre que esta decisión no afecte a terceras personas.
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD CIUDADANA
El texto aprobado por el Consejo de Gobierno establece también el principio de equidad generacional como la obligación colectiva de asegurar en el futuro las condiciones que hacen posible la salud pública. Para ello, además de los derechos, se recogen también las responsabilidades de la ciudadanía en esta materia.
Entre estas obligaciones para la población destacan las de poner en práctica las medidas de protección, promoción y prevención; utilizar adecuadamente la información recibida. No obstante, sobresale la de no causar voluntariamente un peligro para la salud, y poner en conocimiento de la autoridad sanitaria cualquier situación que pueda constituir una emergencia pública. Para el incumplimiento de estas medidas, el proyecto fija sanciones que van desde los 600 a los 600.000 euros.
«También el cuidado de la salud será exigible al ciudadano cuando se deriven algún riesgo o perjuicio para la salud de terceras personas», ha enfatizado Montero, en referencia a situaciones de crisis epidemiológicas causadas por la negativa, por ejemplo, a no vacunarse. «Cuando una conducta individual produce daños a terceros es necesario y conveniente que se corrija esa conducta», ha zanjado.
Finalmente, el proyecto de ley atribuye a la Consejería de Salud la gestión en esta materia a través del Instituto Andaluz de Salud Pública, además de disponer la creación del Centro de Investigación (que funcionará en red) y del Observatorio de la Salud Pública de Andalucía. De igual modo, la Consejería de Salud será el órgano encargado de emitir los informes de evaluación de impacto.
