El informe policial de la pieza separada del ‘caso Brugal’ relativa al PGOU de Alicante indica que José Luis Castedo, hermano de la ahora alcaldesa, elaboró el convenio final de la permuta de los saladares de Aguamarga a cambio de edificabilidad, que finalmente firmó Sonia Castedo, como concejal de Urbanismo y alcaldesa accidental.
En dicho informe policial de la Brigada contra la Delincuencia Económica y el Blanqueo de Capitales, al que ha tenido acceso Europa Press, se explica que en el ordenador de Javier Gutiérrez, exedil socialista y socio de José Luis Castedo en Salvetti, se encontraron varios borradores del convenio que tienen como «autor» al hermano de la ahora alcaldesa.
Así, José Luis Castedo, que entonces trabajaba como técnico jurídico en la Conselleria de Territorio, es el presunto «autor» de «un boceto de convenio que parece coincidir, con pequeños matices, plenamente con el convenio suscrito el 31 de julio por la alcaldesa accidental, Sonia Castedo, y la representación de Incadesa sobre la clasificación de los saladares de Aguamarga».
«Todos los archivos referidos tienen definido como nombre de usuario del autor dentro del comando de propiedades del archivo a José Luis Castedo», añade el informe, de modo que éste redactó el convenio que finalmente firmó su hermana, en calidad de alcaldesa accidental.
Además, José Luis Castedo también aparece en el informe policial como el «autor» del contrato que Javier Gutiérrez firmó con Incadesa para las labores de asesoramiento que su empresa, G&M, iba a prestarles. De este modo, la policía indica que el hermano de la alcaldesa colaboraba desde sus inicios con G&M, aun trabajando en la consejería.
Otra de las conexiones que aparecen en el informe policial es la que existía ya en 2005 entre Javier Gutiérrez y Laboratorios y Proyectos, que dos años más tarde ganaría el concurso para acabar los trabajos del PGOU de Alicante.
En este sentido, hace constar que en la tramitación del convenio de permuta Laboratorios y Proyectos realiza el presupuesto de valoración de los terrenos de Aguamarga, lo que «ya relaciona de manera evidente, con fecha diciembre del año 2005, a Laboratorio de Proyectos con Javier Gutiérrez, quien es el supuesto encargante del presupuesto».
También alude a «la sintonía», a su juicio «evidente», de los representantes del Ayuntamiento de Alicante y «más concretamente de Sonia Castedo» con «las pretensiones de Incadesa y su representante».
«El convenio de permuta con sus respectivos aprovechamientos y el que la firma sea antes de la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana son dos factores de pretensión que, a fecha de entrega del presente informe policial, ya se ha confirmado su logro», añade.
«CONFIDENCIAL»
El informe argumenta esta «sintonía» en el contenido de un documento calificado como «confidencial» y que fue hallado en el registro del despacho de Salvetti. El documento relata una reunión mantenida en diciembre de 2005 con el Ayuntamiento de Alicante, a la que asisten Javier Gutiérrez, representantes de Incadesa, así como la entonces concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, y el gerente de Urbanismo, Enrique Sanus.
En este encuentro, según añade, Gutiérrez reiteró «la urgente necesidad de proceder a firmar un convenio cuyo contenido refleje fielmente el compromiso» de la permuta de los terrenos a cambio de edificabilidad y, para ello, se le entrega la documentación que respalda la viabilidad y legalidad de la «estrategia», así como un presupuesto de valoración realizado por el equipo de Laboratorio de Proyectos, que establece una tasación previa, no vinculante, de la finca en cuestión en caso de que pase a formar parte de la red primaria municipal en calidad de ‘Parque Natural'».
En ese momento, el informe apunta que Sonia Castedo les informó de que la actuación en sí ya se encontraba «contemplada en los informes técnicos del Ayuntamiento para incorporarse al futuro Plan General» y les reiteró «la buena disposición» por parte del Ayuntamiento «a efectos de hacer viable la actuación».
En esta reunión, los representantes de Incadesa y Javier Gutiérrez insisten en «la necesidad de proceder a consumar el convenio antes de la aprobación del Plan General» y que Sanus «se compromete a que si en enero se entrega el estudio de valoración definitivo y es posible establecer un ‘quantum’ consensuado, en 30 días se podrá proceder a la firma del convenio».
CRONOLOGIA
Aunque su firma definitiva fue el 31 de julio de 2007, el convenio de permuta de Aguamarga tiene sus inicios en noviembre de 2002, con las primeras conversaciones con uno de los hermanos Quiles, en relación a las dificultades de la empresa, Incadesa –Kelme–. En 2003, José Quiles y Javier Gutiérrez firman un contrato de gestión «a efectos de optimizar el valor de la finca e incorporar el resultado a la mercantil para darle viabilidad económica. En el mismo se establece una provisión de fondos y un porcentaje de participación de suelo».
A partir de ese momento, «se inician los primeros contactos con el Ayuntamiento de Alicante tanto en el ámbito técnico como político». En 2003 se producen distintas reuniones con Ayuntamiento, a nivel de Concejalía y Gerencia de Urbanismo y en 2004, con una reunión en Alcaldía.
En este encuentro, según el informe, «queda manifiesta la disponibilidad de llegar a un acuerdo dado que la voluntad municipal es adecentar la entrada a la ciudad» y que la «mejor opción para la ciudad el crear un gran Parque Natural Municipal si es posible conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente». Para ello, se acuerda que se haga mediante «la firma de un convenio o protocolo».
En 2005, Incadesa y Gutiérrez firman el contrato de arrendamiento de servicios, «con una renegociación del acuerdo inicial, reduciéndose el porcentaje inicialmente previsto en un tres por ciento, que se cede a la mercantil Fincorp», que representa también a Incadesa.
El contrato prevé unos honorarios de un millón de euros, más IVA, así como 4.000 euros más IVA mensuales que se facturará los días 1 a 5 de cada mes. También «reconoce a favor del Letrado y en concepto de ‘bonus fee’ –bonos sin depósito– una participación del 7 por ciento en el suelo y/o aprovechamiento que se obtenga a través del acuerdo».
INTENTO DE EXPROPIACION
Las vicisitudes del convenio de permuta llegan incluso a que cuatro meses de firmarlo, «sorprendentemente» el Ministerio de Medio Ambiente comunica el inicio de expropiación de parte de la finca «con un efecto de valoración ínfimo del suelo».
En conversaciones con Fincorp, «se manifiesta la no procedencia de dicha expropiación, así como el error jurídico de la valoración económica al no tener en cuenta la normativa autonómica» que le daba «un valor sensiblemente superior». Según el informe, Fincorp «fuerza la necesidad de una reunión «con el Ayuntamiento y el ministerio y pide que no asista Gutiérrez, ya que Incadesa lo ha decidido para que no haya ningún elemento «distorsionador».
Sin embargo, el día de la reunión con el ministerio, se celebra un encuentro «previo y privado» media hora antes, a la que sí asiste Gutiérrez. Cuando llegan los representantes del ministerio, «se produce un momento de confusión con Luis Díaz Alperi, cuando éste manifestó delante de Fincorp el hecho de que no estuviera autorizado a asistir Gutiérrez e indagó sobre los motivos de la exclusión».
De este modo, según revela el informe, «se requirió la asistencia de Gutiérrez en la reunión, tanto por parte del Ayuntamiento, como por parte de Fincorp». El resultado de la reunión fue un acuerdo con el ministerio para que Incadesa autorizara el uso medioambietal de la finca, y «se consiguió no afectar al título de la propiedad».
