El juez ha acordado incoar diligencias previas contra la Angeles Belmonte, la anciana de 76 años que fue desahuciada a principios del pasado diciembre de su casa en Níjar (Almería) tras avalar a su hijo. Le imputa la presunta comisión de un delito de detención ilegal después de que se encadenase en día de Nochevieja a la puerta de acceso a la sucursal de una caja de ahorros ubicada en la barriada de Campohermoso.
Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que, pese a que la denuncia que contra ella interpuso la Guardia Civil se había tramitado como diligencias urgentes que habían dado lugar a un juicio rápido señalado para este martes, el magistrado Luis Durbán ha decidido transformarlas en diligencias previas y tomar declaración a Angeles Belmonte en calidad de imputada.
El titular del Juzgado de Instrucción número 6, tras escuchar el relato de la anciana, ha acordado, asimismo, remitir un oficio a la Guardia Civil para la práctica de pruebas en el marco de la instrucción abierta que permitan esclarecer las circunstancias en los que se produjeron los hechos por los que se interpuso la denuncia por un supuesto delito de detención ilegal.
Acompañada por uno de sus hijos, Miguel Angel Navarro, a quien también se le conoce como ‘el camionero sin camión’, y por su nieto, Angeles Belmonte, quien reside desde hace más de tres semanas como ‘okupa’ en su propio domicilio, llegó pasado el mediodía del pasado día 31 a la oficina de la entidad y se encadenó a la puerta de acceso. Allí permaneció sentada hasta que se produjo el cierre de la sucursal.
Navarro ha anunciado que se trasladará este miércoles hasta la sede central de la caja de ahorros en Málaga para intentar contactar con el servicio de atención al cliente y abordar con sus responsables una solución a la situación que viven tanto él como su madre, quien, según ha advertido, no descarta protagonizar una protesta similar ante las puerta del Banco de España, en Madrid. El objetivo es que se hagan efectivos los pagarés a Navarro y, de este modo, no se proceda al embargo de la vivienda unifamiliar tasada en 30.000 euros.
El empresario, quien ha desarrollado numerosas acciones de protesta como la que le llevo a quedarse en pañales ante la sede de los juzgados en la capital, asegura que su familia ha sido víctima de una «estafa» por parte de una empresa de reunificación de deudas que, según explica, no abonó el dinero necesario para pagar la hipoteca de la casa que sirvió para avalar la deuda de uno de sus hijos.
