El campo español cifra en más de 1.500 millones las pérdidas por la sequía, según organizaciones agrarias

Las organizaciones agrarias estiman que el campo español podría registrar pérdidas superiores a 1.500 millones de euros por la sequía sufrida en los últimos meses, según han señalado los representantes de las diversas asociaciones tras reunirse en la Mesa de la Sequía con el subsecretario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Jaime Haddad.

Así, el secretario general de la COAG, Miguel Blanco, ha insistido en que los sectores más afectados son la ganadería extensiva, que podría haber cosechado ya pérdidas por valor de 500 millones de euros, y los cereales, ya que un tercio de sus cultivos peligra si no llueve en los próximos días, generando pérdidas de 1.000 millones de euros.

No obstante, Blanco ha remarcado que la ganadería intensiva también se está viendo afectada por la falta de precipitaciones, de modo que el consumo de piensos en lugar de pastos podría suponer unas pérdidas de entre 2.000 y 2.500 euros diarios.

Además, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha insistido en que la sequía afecta a todo el territorio, aunque con mayor incidencia en zonas como Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, a la vez que ha advertido de que hay pérdidas que «hoy no se ven», como son las que se podrían producir en los cultivos de vid y olivo.

Como ejemplo, Barato ha subrayado que sólo mantener en Castilla-La Mancha el sector del vacuno puede suponer 800.000 euros diarios.

RESPUESTAS EN UNA SEMANA.

Por su parte, Haddad ha anunciado la puesta en marcha de un grupo de trabajo entre organizaciones y el Ministerio con la esperanza de que en una semana se puedan poner en común las posibilidades de actuación existentes.

«Espero que en esta semana consigamos llegar a una definición de medidas que sean bien recibidas por los sectores afectados», ha remarcado el subsecretario del Ministerio de Agricultura, para después recordar que hay que cumplir con las limitaciones presupuestarias impuestas por la actual coyuntura económica.

Asimismo, ha asegurado que España tiene «probablemente» el seguro agrario «más desarrollado» de Europa y ha insistido en que ya se está trabajando para valorar los daños irreparables e indemnizarlos.

Respecto a las probables medidas, Haddad ha subrayado el adelanto de las ayudas de la PAC que el ministro está planteando en Bruselas, junto con el adelanto de las indemnizaciones, a la vez que no ha descartado la posibilidad de aprobar medidas de tipo fiscal o financiero, como ayudas a avales para aportar liquidez al sector.

Sin embargo, ha descartado la posibilidad de declarar como zona catastrófica cualquier región española, mientras que en cuanto a las ayudas de ‘minimis’-ayudas inferiores a 200 000 euros que se eximen de la obligación de notificación previa a la Comisión Europea- ha apelado a las conclusiones de la Mesa de la Sequía.

DECRETO DE LA SEQUIA.

Preguntada sobre si Agricultura baraja incluir estas medidas en el decreto de la sequía, la vicesecretaria general de UPA, Montserrat Cortiñas, ha manifestado que el Gobierno y las organizaciones sólo han coincidido en la urgencia de poner en marcha medidas, pero no en la forma en que se van a llevar a cabo.

Por otra parte, el presidente de Cooperativas Agroalimentarias, Fernando Marcén, ha subrayado que su sector llevaba una buena senda en los últimos años gracias a las exportaciones y que el impacto de la sequía podría poner en pelogro los compromisos adquiridos con clientes de otros países.

Asimismo, ha advertido de que esta situación podría conllevar además de la pérdida económica, la pérdida de numerosos puestos de trabajo, por lo que ha solicitado que se implanten medidas como la rebaja de los costes sociales o incluso que se permita a las cooperativas incrementar sus operaciones con terceros en situaciones excepcionales.

Por último, el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, ha reconocido que su sector es el menos afectado por la sequía gracias a las instalaciones hidraúlicas, pero ha pedido al Ejecutivo que reduzca los costes energéticos de forma que el agricultor sólo pague por la potencia real usada y no por la contratada.

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