El juez Castro había dejado ya las puertas abiertas al presunto delito fiscal o blanqueo
El abogado de la Infanta Cristina Jesús Silva ha asegurado que «es una posibilidad» que imputen a la hija del Rey después de saberse que pudo haber firmado un contrato ficticio de alquiler de su casa de Pedralbes a la empresa Aizoon, según ha publicado este martes ‘El Mundo‘.
En declaraciones a los periodistas a las puertas de su despacho, Silva ha señalado que «la instrucción prosigue y se trata de que el juez cumpla con su deber» y, en todo caso, si el juez del caso, José Castro, decide imputarla, ellos obrarían en consecuencia.
El otro abogado de la Infanta Cristina, Miquel Roca, ha insistido que «es la justicia la que tiene que opinar», y ha indicado que él solo atiende a resoluciones judiciales y no a lo que publican los medios de comunicación.
EL ARQUITETO ECHA MÁS LEÑA AL FUEGO
Por otra parte, Marc Viader, arquitecto que reformó parte del conocido como palacete de Pedralbes, propiedad de los Duques de Palma, ha admitido ante agentes de la Policía Nacional haber facturado por estas obras 20.000 euros a través de Aizoon, empresa de la que son propietarios al 50 por ciento la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin y que está siendo investigada por ser una de las mercantiles a través de las cuales se habrían desviado los fondos de origen presuntamente ilícito obtenidos por el Instituto Nóos.
En su declaración, incorporada al ‘caso Nóos’ junto a otra numerosa documentación aportada por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía, el testigo aseveró que la anterior factura fue librada contra Aizoon por orden de Urdangarin, concretamente en el año 2005, se correspondía con el encargo de rehabilitación, reforma y ampliación del domicilio particular que el matrimonio posee en la calle Elisenda de Pinós de Barcelona.
BLANQUEO DE CAPITALES
Se trata de unas manifestaciones con las que, junto al resto de datos entregados al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma en torno a las salidas de fondos de Aizoon, el juez busca averiguar si tanto Urdangarin como la Infanta se habrían beneficiado, a través de su mercantil, de los ingresos ilícitos procedentes de Nóos para destinarlos a sus gastos particulares, y de este modo esclarecer si la hija del Rey habría incurrido en un delito de blanqueo de capitales.
Y es en este contexto en el que se indagan los encargos realizados desde Aizoon a los distintos proveedores que llevaron a cabo la reforma del palacete de los Duques. Una rehabilitación en la que el arquitecto, según apuntó en su comparecencia ante los agentes, intervino tras haber efectuado la de dos viviendas que ocupó con anterioridad el matrimonio «dado el conocimiento personal que tenía con la Infanta Doña Cristina».
En cualquier caso, respecto a estos dos inmuebles, el testigo señaló que las facturas fueron presentadas a Urdangarin como particular. Respecto al palacete, Viader explicó que la ampliación incluía habilitar una zona de despacho profesional para Urdangarin, zona que estaba dentro de la vivienda pero separada de las estancias domésticas y familiares.
GASTOS PARTICULARES
El propio tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, que dejó sin efecto la imputación de la Infanta por su papel como vocal del Instituto Nóos, dejó las puertas abiertas a que se la investigase por presunto delito fiscal o blanqueo por cuanto el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio.
Es más, el juez incorporó recientemente la causa la información remitida por una entidad bancaria según la cual fueron traspasados desde Aizoon hasta un total de 150.000 euros que fueron a pasar a una cuenta bancaria cuyo titular es Urdangarin y autorizada la Infanta Cristina, según la documentación. A partir de ahora, Castro decidirá, en base a todos los datos reunidos y las alegaciones de las acusaciones, qué camino seguir respecto a la Infanta.
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