Va de víctima de una pretendida represión lingüística, y con un toque chulesco y condescendiente que espanta. Es la nueva heroína del independentismo más rancio, la misma que ha hecho meter la pata una vez más a TV3, a Puigdemont y sus secuaces y quien, sin embargo, se ha convertido ahora en baluarte añadido del nacionalista Gobierno balear, que la defiende contra viento y marea con la socialista Francina Armengol a la cabeza. (La verdad sobre las expulsadas de un avión por hablar catalán deja a ‘Puchi’ con el culo al aire).
Margarita Camps Coll, la anciana de 72 años expulsada de un avión de la compañía Vueling por montar un pollo, por no cumplir las normas y por poner en peligro la seguridad del pasaje junto a una señora también de armas tomar, -ella dice que por hablar en catalán-, ha concedido una entrevista durante estas últimas horas a la despilfarradora cadena pública balear IB3, desde su casa de Ciutadella.
Dice torciendo el gesto y sin acabar las frases al más puro estilo balear, que podía haberle contestado a la azafata asturiana en castellano,
«pero… no sé, aquella imposición diciéndome usted me tiene que contestar. Ya está hecho. Ni lo esperaba ni lo quería porque no tengo necesidad. Soy una persona anónima».
Su actitud desafiante contrasta con los verdaderos hechos acaecidos, y rubricados con infinidad de testimonios de los pasajeros presentes en aquel vuelo 3716 entre Barcelona y Menorca.
La consejera de Cultura, Participación y Deportes, Fanny Tur (de Més per Mallorca), se ha puesto en contacto con los responsables de Vueling para transmitirles la «gravedad» de los hechos.
Según Tur, las Islas Baleares son un territorio con dos lenguas oficiales que «todos los ciudadanos tienen derecho a emplear» y actuarán contra cualquiera que trate de cercenar los derechos de los baleares.
También el Consell Insular de Menorca ha puesto el grito en el cielo y ha exigido a la aerolínea que se disculpe públicamente. Además de «depurar responsabilidades». Es decir: que rueden cabezas.
Quizá olvida la mentada, amén de la protagonsita de esta lamentable historia, el artículo 3 de la Constitución:
«El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».
