En el caso de Verónica, lo que ha hecho o dejado de hacer la empresa, en cierto sentido, es un misterio. Tanto Iveco como los sindicatos han optado por un absoluto mutismo.–El exnovio de Verónica, en libertad sin cargos, niega ser el autor de la filtración del vídeo que provocó el suicidio–
El jueves 23 de mayo, dos días antes de quitarse la vida, Verónica subió a trasladarle a la empresa que estaba sufriendo acoso laboral por culpa del vídeo y, según Espejo Público, señaló a dos sospechosos.–Una joven empleada de Iveco, madre de dos hijos, se suicida tras compartirse un vídeo sexual suyo de soltera–
Aparentemente, la respuesta de la empresa fue ofrecerle un cambio de puesto en la misma fábrica, sin embargo, Comisiones Obreras -que tampoco hizo nada- ha denunciado que Iveco dijo que se trataba de un asunto personal y no laboral.
Si los trabajadores se hubieran limitado a distribuirse el vídeo en los teléfonos y en el centro no se hubieran comportado de manera hostigadora, Iveco no tendría responsabilidad. La clave está, en este caso, en el acoso que pudo sufrir Verónica a raíz del vídeo.
Iveco podría tener que enfrentar, en primer lugar, responsabilidades administrativas, que acarrean una multa millonaria.
Por otro lado, si hay una reclamación de los herederos, podría llevar lugar a una indemnización a la familia. Estas indemnizaciones a la familia podrían ser mixtas según la responsabilidad de la empresa, por un lado, y la de los trabajadores, por otro.
El último fleco sería el penal. Si se detectara que hubo un incumplimiento de medidas contra el acoso, podría llegar a entenderse que se ha cometido un delito contra la seguridad de los trabajadores
En Estados Unidos, en 1995, cuando Judit Coflin se suicidó por el acoso que había estado sufriendo en su puesto de trabajo, el Servicio Postal estadounidense tuvo que pagar a la familia un total de 5,5 millones de dólares como indemnización. El precedente, ahí está.
Fuentes cercanas a la investigación han trasladado a la agencia Efe que existen hasta cinco vídeos diferentes de contenido íntimo que tuvieron, algunos más y otros menos, difusión entre los trabajadores de la fábrica. Hay al menos tres hombres distintos con vídeos distintos. Lo que queda ahora por esclarecer es quién de ellos fue el que difundió el último vídeo y por el cual Verónica tuvo que vivir un infierno que le llevó a quitarse la vida. La Policía tardará varios días en cruzar los datos de las conversaciones de WhatsApp de numerosos trabajadores.
El 80% de los compañeros había visto el vídeo de Verónica. Ahora el fiscal de la Sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, ya ha solicitado un informe a la Policía para tratar de depurar responsabilidades. Los investigadores tienen ahora por delante la ardua tarea de analizar los terminales móviles y otros dispositivos electrónicos del personal de Iveco para saber exactamente quiénes lo compartieron y, aunque ya saben que no serán los cerca de 2.500 empleados con los que cuenta la planta, fuentes policiales aseguran que podríamos estar hablando del 80 por ciento de la empresa. Es decir, prácticamente todos tendrían conocimiento de la existencia de estas imágenes y del acoso que estaba sufriendo la compañera.
