Era un clamor en los círculos políticos, económicos, sociales y periodísticos en la Comunidad Valenciana: el trato de favor y ayudas millonarias que recibía Francis Puig por parte de la Generalitat que gobierna su hermano, el socialista Ximo Puig. El lema del Gobierno tripartito de Puig, Mónica Oltra (Comprimís) y Podemos era el de “rescatar personas” y empezaron a lo grande rescatando millonariamente a las empresas de amiguetes o familiares.
El juzgado de instrucción número 4 de Valencia ha citado en calidad de investigados al director de Política Lingüística, Rubén Trenzano, y al empresario audiovisual de Castellón y hermano del presidente de la Generalitat, Francis Puig, por las ayudas recibidas por las productoras Mas Mut y Comunicación dels Ports para el fomento del valenciano.
Desde que el llamado Gobierno del Botánico llegó al gobierno de la Generalitat las empresas del hermano de Ximo Puig han recibido más de 600.000 euros en ayudas de varias instituciones. Trenzano y Francis Puig declaran por la comisión de los presuntos delitos de fraude de subvenciones, prevaricación y malversación el primero y por fraude de subvención al segundo. La investigación parte de una querella presentada por el PPCV.
Las productoras Mas Mut y Comunicacions dels Ports han recibido ayudas de la Generalitat así como del Govern catalán y del Gobierno de Aragón. Cuatro consellerias del Botánico han dado ayudas públicas a las firmas del hermano del jefe del Consell. Justicia, Turismo, Educación y Presidencia han inyectado dinero en estas productoras en los últimos años.
También está siendo investigada por Antifraude y la Comisión Nacional de Mercados y Competencia por presuntamente pactar precios para lograr un contrato público de À Punt, que excluyó el proceso a la productora del hermano de Puig y a las de la familia Adell Bover, empresarios muy vinculados a Francis Puig.
En 2015, la empresa de Francis Puig recibió 153.434 euros en subvenciones. La cantidad fue aumentado de manera paulatina para ser de 171.820 euros en 2016; 183.132 euros en 2017 y 80.382 euros, en 2018. Varias de estas ayudas las firmó el director de Política Lingüística que también está siendo investigado por un juzgado de Valencia por presunta falsedad documental porque aseguró en abril de 2018 que las ayudas al hermano de Puig eran correctas y luego la Abogacía de la Generalitat demostró que no se fiscalizaron hasta julio de 2018, tres meses después de que Trenzano asegurara que todo era correcto.
Según la querella, la empresa del hermano de Puig no cumplía los requisitos para recibir las ayudas, se justificó la subvención con partidas duplicadas, los medios compartían contenido pero recibían las ayudas por separado. Además, no tenían licencia en el momento de recibir la ayuda y muchas de las facturas están duplicadas.
