José Luis Gómez Bravo, un veterano policía nacional en activo que había servido en la Unidad de Intervención Policial (UIP) o ‘antidisturbios’ de Barcelona durante los últimos 23 años. Es la segunda víctima del COVID-19 en la Policía Nacional y el primero de sus agentes que muere estando en activo.
Se confirmó este miércoles en la cuenta de Twitter del Cuerpo, que mandó «el más sentido pésame y condolencias» a su familia y amigos.
Nuestro más sentido pésame y condolencias para la familia y amigos de nuestro compañero José Luis. Oficial de @policia integrante durante 23 años de la #UIP de #Barcelona y que ha fallecido hoy a causa de #COVIDー19.
Descanse en Paz. pic.twitter.com/RzTN2DWz1l
— Policía Nacional (@policia) April 1, 2020
Estaba previsto que el agente se incorporase este miércoles 1 de abril al puesto fronterizo del aeropuerto de Gerona-Costa Brava, tras pedir la baja de las UIP el pasado febrero.
Sin embargo, llevaba ingresado varios días en el hospital Josep Trueta de la misma localidad, donde en las últimas horas empeoró su estado hasta que se anunció el fallecimiento a las 12:50. Tenía 60 años, de los que 39 llevaba vinculado al Cuerpo Nacional.
José Luis Gómez Bravo formó parte del operativo especial diseñado el pasado otoño por el Ministerio del Interior para sofocar los disturbios provocados por los radicales independentistas tras conocerse la sentencia del procés.
Un antiguo compañero en la UIP de Barcelona ha recordado que Gómez Bravo llegó a requerir atención hospitalaria tras sufrir en la espalda el impacto de un objeto pesado durante uno de los servicios en la semana más violenta, la que transcurrió entre el 14 y el 18 de octubre.
El Gobierno cataloga a Policía y Guardia Civil como colectivos de muy bajo riesgo frente al coronavirus
La polémica sigue a la orden del día en el país, por cómo el Gobierno ha gestionado el tema de la crisis por la pandemia. Lo último que conocemos es que el Ejecutivo cataloga a Policía y Guardia Civil como colectivos de muy bajo riesgo frente al Covid-19 y que Interior ordena a los agentes que no se sumen a los homenajes a sanitarios.
Además, el Gobierno exige a los guardias civiles borrar los datos que muestran sus contagios en acto de servicio. Por otro lado, el ‘New York Times’ vuelve a criticar a Sánchez: no suministra material a los sanitarios “kamikazes”.
Los sindicatos han cifrado en 9.000 los agentes de todos los cuerpos en cuarentena y en 700 los contagiados, entre los que está hasta el director adjunto operativo (DAO), Laurentino Ceña.
En la actualidad, ha muerto ya una decena de policías y guardias civiles, incluido el teniente coronel jefe del Grupo de Acción Rápida (GAR), Jesús Gayoso Rey, que tenía 48 años y no sufría enfermedad alguna.
Las quejas de los colectivos más implicados en la lucha contra el coronavirus parecen no tener efecto en el Gobierno. En un nuevo documento, ha señalado que el ‘Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2’, entre cuyos firmantes se encuentran los sindicatos UGT y CCOO, se establecen los criterios para clasificar a los trabajadores en función del «riesgo de exposición» al virus en su actividad ordinaria.
Expresan también en el texto: «al ser trabajadores que no tienen atención directa al público o, si la tienen, se produce a más de dos metros de distancia, o disponen de medidas de protección colectiva que evitan el contacto (como una mampara de cristal)».
Es aberrante y figurará para siempre en la antología del disparate.
La destitución del policía que alertó de la crisis del coronavirus y deja en evidencia a Marlaska
Sindicatos policiales denuncian la «gravedad» de una decisión tomada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un «momento tan delicado» en España.
Y todo por un cese misterioso y que supone un escándalo a ojos de los sindicatos policiales. Se trata del jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, José Antonio Nieto González, el responsable de la Policía Nacional encargado del protocolo interno por el Covid-19.
Nieto González, es médico, especialista de trabajo y técnico superior de riesgos laborales, hasta que ‘desde arriba’ se dio la orden de despedirle, después de casi cuarenta años en el Cuerpo y a falta de tres meses para su jubilación.
Como defienden desde el Sindicato Unificado de la Policía, en el peor de los casos pudo haber confusión por parte del mando al entender que un documento difundido ya estaba finalizado y era para su distribución. En ningún caso, una filtración.
Son muchos los responsables policiales que entienden que el ministerio le «ha pasado factura» en la primera ocasión que ha tenido, por romper el discurso que en ese momento mantenía el Gobierno sobre los bajos efectos del coronavirus.
