Tensión en los medios de izquierdas por el varapalo judicial para la política de extrema izquierda

La foto viral de Iñaki López (laSexta) torciendo el morro al enterarse de la imputación de Mónica Oltra

El copresentador de ‘Más Vale Tarde’ no pudo ocultar su preocupación por la decisión del TSJ contra la vicepresidenta valenciana

Iñaki López y imputación de Mónica Oltra
Iñaki López y imputación de Mónica Oltra PD

La imputación de Mónica Oltra cayó como un jarrón de agua fría a Iñaki López.

El copresentador de ‘Más Vale Tarde’ no pudo ocultar su preocupación este 16 de junio al informar sobre cómo la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) imputó a la vicepresidenta de la Generalidad Valenciana y consejera de Políticas Inclusivas por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.

Inconscientemente, López torció el morro mientras que Cristina Pardo dio a conocer que hay «indicios plurales» que hacen «sospechar» de un «concierto» para proteger al educador o la carrera política de la vicepresidenta.

Una imagen que se volvió viral después de que Cristina Seguí compartió la captura que deja en evidencia el malestar del periodista de laSexta por el varapalo judicial para la política de extrema izquierda.

 

El seño fruncido y la mandíbula apretada acompañó a López durante casi todo el tiempo que se abordó el polémico caso.

Posible encubrimiento

En concreto, en este procedimiento se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada, de 14 años, a manos del exmarido de Oltra entre los años 2016 y 2017.

El educador fue condenado a cinco años de prisión en una resolución ratificada por el TSJCV. Tras la condena, la menor denunció la situación en la que se había encontrado durante la tramitación de la causa y desde el juzgado se abrió una nueva investigación judicial contra seis funcionarios, la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos.

Posteriormente, se imputó a cinco personas más: una directora general, una subdirectora general, un secretario territorial, una jefa de servicio y una técnico. Un total de 13 investigados.

La Sala, tras estudiar el caso, se ha declarado competente para instruirlo al apreciar «una serie de indicios plurales» que «hacen sospechar la posible existencia de un concierto» entre la aforada y diversos funcionarios para «proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada», según consta en un auto notificado hoy a las partes.

El TSJCV entiende por tanto que resulta procedente incoar diligencias previas, de las que será instructor el ponente de esta resolución, el magistrado Antonio Ferrer, «con el fin de investigar hasta qué punto esa sospecha inicial tiene la entidad suficiente como para permitir que el proceso pueda continuar su curso ordinario».

La Sala asume la causa en su integridad, es decir, también en lo relativo a los otros 13 investigados, entre los que figuran altos cargos de la Consejería y trabajadores del centro de menores donde ocurrieron los hechos, al considerar que existe en este momento en todos ellos «una conexidad inescindible».

En el auto, se señala que puede que los diferentes trámites y expedientes llevados a cabo en el seno de la Consejería, «considerados en abstracto y de una forma aislada», no puedan entenderse ilegales e incluso irregulares, pero precisa que, si se valoran en su conjunto y se ponen en relación con su contenido y su oportunidad, «hace pensar que han sido elaborados con un propósito muy concreto, completamente alejados de la finalidad para los que fueron concebidos, al estar, según relata el instructor, todos ellos vinculados de una manera directa a un propósito muy preciso, ya de una muy dudosa legalidad, cual es beneficiar la situación procesal del marido de la señora Oltra, o bien sencillamente tratar de proteger la carrera política de esta, aun cuando ello se hiciera en perjuicio de una menor tutelada por la Consejería de Igualdad».

La Sala expone que es «cierto que no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada», pero añade que «sí que concurren unos indicios plurales, que en principio hacen pensar que fueron orquestados precisamente con ese fin, tanto por la persona a quien directamente beneficiarían como por la propia relación que presentan con la evolución del proceso penal que trataron de obstaculizar».

«No pudiendo olvidar que es pacíficamente admitido por nuestra jurisprudencia, tanto de nuestro Tribunal Supremo como de nuestro Tribunal Constitucional, que esta modalidad de prueba es perfectamente admisible para desvirtuar la presunción de inocencia de una persona», apunta.

Mónica Oltra

Mónica Oltra

El plan de Oltra contra la menor

ónica Oltra habría diseñado un ruin plan para ocultar los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Así lo considera la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana que también acusa a la vicepresidenta de intentar «desacreditar a la víctima y desvirtuar su testimonio, negando su credibilidad».

El escrito que la fiscal superior Teresa Gisbert remitió a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) apoya que este tribunal investigue a Oltra por la gestión de su departamento en este caso.

Según el escrito, la fiscal considera que la actuación de la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas puede ser constitutiva de los delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos, y ve «indicios relevantes» contra Oltra.

A partir de la exposición razonada de hechos realizada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que condenó al exmarido de Oltra por los abusos a la menor, la Fiscalía concluye que hubo «un plan preestablecido» para ocultar y desacreditar la menor.

Reprocha que los hechos no se pusieran en conocimiento ni de la Policía, ni de la Fiscalía de Menores, ni de la Administración de Justicia, y solo salieron del ámbito interno de la Consejería cuando la víctima los relató a unos policías, «más de cuatro meses después» de habérselo comunicado a una trabajadora social.

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Autor

José Antonio Puglisi

Periodista italovenezolano especializado en economía y periodismo de investigación.

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