Este domingo a primera hora de la mañana, un operativo integrado por 150 agentes de la Guardia Civil y la Policía Local, entró al edificio okupado en el centro de Majadahonda (Madrid) para desalojar a un grupo de personas que habitaban en 11 pisos y áticos del bloque.
Los agentes portaban la autorización judicial y la acompañaron con material antidisturbios ante la posibilidad de enfrentamientos. A pesar de que algunos okupas se resistieron, a diferencia del miércoles pasado no se produjeron altercados graves y solo hubo cinco detenidos.
Durante la semana el caso cobró notoriedad porque los miembros de la empresa Desokupa, que encabeza Daniel Esteve, intentaron el desalojo del edificio ubicado en la calle Ciriaco García García, pero no pudieron recuperar las viviendas debido a la resistencia de los okupas, quienes además, atacaron con armas blancas y arrojaron objetos a los miembros de la empresa y a los reporteros de Telemadrid y Antena 3 que se encontraban cubriendo los hechos.
En la escaramuza, los moradores ilegales apuñalaron a un miembro de la empresa de Esteve. A raíz de estos hechos violentos, el abogado de Desokupa, Jorge Marín, presentó un escrito solicitando el desalojo y el lanzamiento judicial de las viviendas al Juzgado número 3 de Majadahonda.
El juez ordena desalojar a los okupas violentos (20 marroquíes, 1 subsahariano y 2 españoles) de Majadahonda tras la actuación de la empresa Desokupa.
Esta mañana un dispositivo de 150 guardias civiles y policías desalojaron sin incidentes el edificio.
Al menos 5 detenidos. pic.twitter.com/UGCbwkkdZT— Capitán Tercio (@capTercio) April 16, 2023
El juzgado de guardia de Majadahonda autorizó el desalojo el pasado viernes, y se llevó a cabo este domingo. Esteve había anunciado la resolución en su cuenta de Instagram, ya que sus perfiles de Twitter y Facebook se encuentran suspendidas. Aunque no indicó cuándo se realizaría el operativo por motivos de seguridad. Además, el juzgado debía anunciar a los habitantes del edificio
Las cosas no son como empiezan sino cómo terminan, reflexionó en el vídeo.
El caso ha sido problemático desde antes del intento de desalojo. Y es que el edificio, que fue okupado inmediatamente después de ser construido el año pasado, ha sido sinónimo de delincuencia. Sus inquilinos son conocidos en la zona por cometer delitos y causar problemas a los residentes cercanos.
Algunos okupas habían indicado previamente que, ante la llegada de la policía con una orden judicial, abandonarían las viviendas.
En el operativo, una familia con dos hijos menores fue puesta bajo la tutela de los servicios sociales del Ayuntamiento.
