No tienen un pase.
Ni la mínima sintonía con las víctimas.
Es Sánchez en estado puro.
Y con él, la cuadrilla.
La brutal violación de una niña de 14 años junto al centro de acogida de Hortaleza, perpetrada por un inmigrante ilegal menor no acompañado (mena) y de origen marroquí, ha desencadenado una fuerte ola de indignación social y política.
El suceso sigue copando titulares y debates públicos, con el Gobierno Sánchez bajo la lupa por su gestión de los centros de MENAs y las políticas migratorias que los rodean.
La agresión se produjo en el parque Isabel Clara Eugenia, cerca del centro de primera acogida.
La víctima fue abordada por el agresor, quien la arrastró hasta unos matorrales, la golpeó repetidamente contra un árbol y el suelo, la despojó de su ropa y la agredió sexualmente.
Según consta en las diligencias oficiales, el menor utilizó una violencia extrema para impedir que la niña gritara, sujetándola del cuello e incluso propinándole mordiscos. Los gritos lograron alertar a una vecina que avisó a la Policía, lo que permitió la detención inmediata del atacante.
El detenido, de 17 años, residía en el centro desde hacía meses y contaba con antecedentes por otros delitos.
Usaba hasta tres identidades falsas para cometer sus fechorías. Tras ser puesto a disposición judicial, ha sido internado en un centro cerrado para menores por orden judicial.
El perfil del agresor y el problema de las identidades falsas
El perfil del reincidente presunto menor revela un patrón preocupante: llegada irregular desde otra comunidad autónoma (País Vasco), historial delictivo previo oculto tras múltiples identidades falsas y consumo frecuente de drogas. Este tipo de casos han sido denunciados reiteradamente por responsables autonómicos como Ana Dávila, consejera de Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, quien señala que «hay menores que se sienten impunes ante ciertos delitos porque no se les pone a disposición judicial sino que se les devuelve a su primer centro de acogida».
En los expedientes gestionados por la Comunidad de Madrid figuran decenas de menores con dificultades graves de integración, muchos vinculados al consumo elevado de drogas y violencia. De hecho, solo en este año se han remitido 37 expedientes a la Delegación del Gobierno para intentar su reagrupamiento familiar o retorno al país de origen, pero hasta ahora no consta que se haya iniciado ningún procedimiento efectivo por parte del Ejecutivo central.
La respuesta institucional ha estado marcada por el choque entre administraciones. Isabel Díaz Ayuso, presidenta autonómica, ha criticado abiertamente al Gobierno central por «multiplicar la llegada» de menores extranjeros y desentenderse de ellos, mientras señala que «cada día son menores más agresivos y llegan en peores condiciones». Desde la Consejería madrileña insisten en que llevan dos años reclamando acciones concretas al Ejecutivo sin obtener resultados.
El debate sobre los MENAs: saturación, violencia y falta de soluciones
La saturación del centro de Hortaleza —más de 100 presuntos menores acogidos— ha sido objeto recurrente de investigaciones judiciales. Se han registrado motines, incendios e incluso peleas multitudinarias con lesiones graves. Los perfiles más conflictivos suelen ser trasladados a otros centros, como el de Casa de Campo, generando problemas adicionales en barrios como Batán.
Las dificultades para integrar a estos menores son patentes: muchos están «en manos de mafias», sufren adicción a drogas o presentan conductas violentas. Las autoridades autonómicas denuncian reiteradamente que «no hay integración posible» en algunos casos. La falta de recursos específicos para abordar esta problemática genera frustración tanto entre profesionales como entre vecinos afectados.
El suceso ha reavivado el temor entre los vecinos sobre la seguridad ciudadana. La sensación general es que los mecanismos institucionales fallan tanto en prevención como en respuesta rápida ante delitos graves cometidos por menores extranjeros. La víctima recibió atención médica y psicológica inmediata gracias a la intervención policial; sin embargo, persiste la preocupación sobre las secuelas emocionales que deja una agresión tan violenta.
El debate sobre los derechos fundamentales choca con las demandas crecientes de seguridad pública. Organizaciones sociales advierten contra los riesgos del estigma hacia colectivos vulnerables mientras reclaman soluciones efectivas para evitar nuevas tragedias.
