La misma Irene Montero, quien se presenta como la figura emblemática del feminismo institucional en España, llega a este 8M con una carga significativa: más de mil agresores sexuales que han visto sus penas reducidas gracias a la Ley del solo sí es sí, además de un centenar de excarcelaciones. Esta norma, que ella presentó como un avance histórico para la protección de las mujeres, se ha transformado, en la práctica, en el mayor alivio penal para violadores desde la reforma del Código Penal de 1995.
Mientras se preparan las movilizaciones del 8 de marzo, los tribunales continúan realizando ajustes hacia abajo en las condenas. El debate ha trascendido lo jurídico; ahora es político, social y, sobre todo, cuestiona la credibilidad: ¿qué significa que quien diseñó una ley que reduce penas a violadores hoy esté al frente del discurso contra la violencia sexual?
La ley que reduce penas y divide al feminismo
La Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley Montero o ley del solo sí es sí, fusionó los delitos de abuso y agresión sexual y disminuyó varias horquillas de penas en el Código Penal. Esta decisión técnica permitió revisar sentencias firmes bajo el principio de ley penal más favorable.
Algunos datos relevantes:
- El CGPJ contabilizó hasta noviembre de 2023 un total de 1.233 reducciones de condena y 126 excarcelaciones vinculadas a esta ley.
- La norma sigue generando recursos: uno de cada cinco recursos penales ante el Supremo está relacionado con su aplicación.
- El Tribunal Supremo ha ratificado rebajas de hasta cinco y seis años en casos de violación, siempre aplicando el nuevo marco punitivo.
En paralelo, la nueva ley cuenta con defensores en las altas instancias de la Fiscalía. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha calificado esta ley como «esencial» y un «referente internacional» en materia de protección contra la violencia sexual. Ha destacado sus 62 artículos dedicados a prevención, sensibilización y reparación para las víctimas, subrayando que establece el consentimiento afirmativo como eje central en la definición de los delitos sexuales.
Este choque entre el diseño teórico —centrado en el consentimiento y un enfoque integral— y los efectos penales reales —rebajas y excarcelaciones— es el núcleo de la controversia que acompaña a Montero a las puertas de un nuevo 8M.
El caso de la menor de 14 años en Murcia: dos años menos de cárcel
Uno de los expedientes más ilustrativos sobre el impacto de esta ley proviene de Murcia. Un hombre fue condenado por la Audiencia Provincial a 9 años por agresión sexual con penetración a una menor de 14 años que regresaba del colegio. La víctima se encontraba en una situación vulnerable y mantenía una dependencia emocional que fue aprovechada por el condenado; el Tribunal Supremo ha resaltado la notable diferencia tanto en edad como en madurez entre ambos.
Con la entrada en vigor de la ley Montero, el TSJ de Murcia aplicó el nuevo marco penal más favorable y redujo su pena a 7 años y 6 meses, manteniendo sin embargo tanto la calificación delictiva como la gravedad del delito. No hay duda sobre lo ocurrido ni sobre la minoría de edad; esta rebaja se debe exclusivamente al cambio legislativo.
Al revisar el caso, el Supremo no cuestionó la aplicación de esta ley más benigna, pero sí desestimó la argumentación defensiva que sostenía que el consentimiento por parte de la menor podría atenuar su responsabilidad. El tribunal recordó que:
- El consentimiento dado por un menor de 16 años no exime del delito, salvo en situaciones muy específicas relacionadas con proximidad en edad y madurez.
- Una diferencia significativa —como diez años entre un adulto de 25 años y una menor de 15— no puede considerarse proximidad.
La paradoja es clara: aunque la propia doctrina penal refuerza la protección hacia los menores, al final se produce una reducción porque el legislador modificó las horquillas penales para estos delitos.
Otros ejemplos de rebajas: del portal bilbaíno a la prostituta retenida
No se trata solo de un caso aislado. La cascada constante de resoluciones revela un patrón:
- En Bilbao, un inmigrante marroquí sin papeles fue condenado por violar a una mujer ebria a quien arrastró hacia un portal; su pena se redujo desde 12 años a 7 años tras aplicar esta ley. El Supremo evitó una rebaja aún mayor, pero reconoció su obligación bajo este nuevo marco penal más benigno.
- En otro caso similar, un hombre que retuvo y agredió sexualmente a una prostituta vio cómo su condena pasó de 9 años y 1 día a 8 años y 1 día, nuevamente debido al efecto directo impulsado por esta normativa creada bajo el Ministerio dirigido por Montero.
Cada uno de estos fallos implica detrás una víctima concreta que ahora ve cómo sus expectativas sobre cumplimiento íntegro se ven acortadas. La acumulación estos casos alimenta las críticas desde sectores importantes dentro del movimiento feminista tradicional así como dentro del ámbito judicial, quienes ponen en duda la falta previsión mostrada por el Ministerio al diseñar esta reforma.
Perfil político de Irene Montero: del discurso firme al coste penal
Irene Montero, psicóloga por formación, emergió como figura clave dentro del partido Podemos junto a su pareja, Pablo Iglesias. Ha sido portavoz parlamentaria y ministra igualitaria desde 2020. Desde este cargo promovió:
- La ley del solo sí es sí.
- La conocida como ley trans, igualmente polémica debido a cuestiones sobre autodeterminación.
Su perfil político se apoya en un discurso contundente sobre justicia patriarcal, violencia institucional y enfatiza constantemente darle voz a las víctimas. Esto lo ha manifestado incluso en casos mediáticos como el del futbolista Dani Alves, donde calificó su absolución como «violencia institucional» y ejemplo claro del sistema patriarcal que perpetúa impunidad entre los agresores.
Curiosamente, ese modelo basado en consentimiento defendido por ella para legislación española está ganando terreno también en Europa. Recientemente, el Parlamento Europeo aprobó incorporar este enfoque dentro del modelo europeo sobre violación dentro directivas contra violencia hacia mujeres; sorprendentemente incluso obtuvo apoyo desde sectores como el PP. Este texto destaca que el consentimiento debe ser explícito, sin poder presumirse por silencio o vulnerabilidad.
Esta proyección europea sirve como uno de los argumentos defensivos para Montero y su entorno: presentar al modelo español como referencia continental. Sin embargo, aquí mismo ese mismo modelo tiene un coste muy tangible para aquellas víctimas cuyos casos ya contaban con sentencias firmes.
Anécdotas y gestos clave en torno a la ley
Varios episodios ayudan a comprender mejor el clima que rodea a Irene Montero este 8M:
- Mientras los datos aportados por el CGPJ confirmaban más mil rebajas penales, Teresa Peramato alababa públicamente esta normativa describiéndola como «esencial» y «referente mundial», sin hacer mención alguna sobre su impacto real para las víctimas afectadas.
- Montero sigue defendiendo esta norma como un avance histórico incluso cuando todavía genera uno entre cinco recursos penales ante el Supremo.
- A nivel europeo celebran este modelo español mientras aquí continúan comunicándose rebajas particularmente sensibles; tal es así que resuena aún fuerte lo sucedido con respecto al agresor mencionado anteriormente.
Con este telón trasfondo presente, este próximo 8M no solo encontrará a Montero tras una pancarta morada; también estará frente al expediente penal que le seguirá durante muchos años: una ley que transformó completamente lo relacionado con consentimiento… pero también alteró drásticamente cuánto tiempo pasan muchos violadores tras las rejas.
