Todas marroquíes.
Y a chupar del frasco.
La policía ha destapado en Lérida una presunta organización que habría utilizado denuncias falsas de violencia de género como vía para regularizar la situación de varias mujeres y acceder a ayudas públicas.
El operativo, desarrollado la tarde del jueves, se saldó con al menos 14 detenidos, según detalló el responsable de Investigación Criminal en la zona, Sergi Mesalles.
La intervención arrancó hacia las cuatro de la tarde y se extendió por distintos puntos del Barri Antic, donde se realizaron numerosos registros domiciliarios.
La actuación, coordinada por la Unitat d’Investigació Segrià-Pla-Les Garrigues, continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos en los próximos días.
Las pesquisas se iniciaron meses atrás, cuando los agentes detectaron indicios de un entramado que presuntamente fabricaba denuncias por malos tratos.
Según la investigación, las implicadas habrían recurrido a hombres en situación vulnerable —algunos con adicciones o problemas económicos— a quienes pagaban para simular agresiones en espacios públicos.
De acuerdo con los investigadores, la mayoría de las mujeres implicadas, procedentes del norte de África y llegadas desde Huelva, ya habrían obtenido documentación y prestaciones. Varias de ellas residían en un piso del casco antiguo donde, presuntamente, ejercían la prostitución.
Para dar credibilidad a las denuncias, las implicadas preparaban escenas previas: se fotografiaban con los supuestos agresores días antes y colocaban objetos personales en sus viviendas para simular convivencia.
“Construían una escenografía que aparentara una relación real”, explicó Mesalles.
El fraude se apoyaba en la normativa que permite a víctimas de violencia de género sin papeles acceder a permisos de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, además de ayudas sociales.
Las detenidas afirmaban mantener una relación con sus falsos agresores para encajar en este marco legal.
Los arrestados están siendo investigados por delitos como denuncia falsa, simulación de delito, falsedad documental, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal.
En el operativo participaron también unidades de Seguridad Ciudadana y ARRO, con intervención en varias calles del centro histórico. Agentes femeninas realizaron los registros personales a las detenidas.
Fuentes próximas al caso advierten del impacto económico para las administraciones y califican los hechos como un claro fraude de ley.
No es la primera vez que se detecta un esquema similar en la ciudad: en 2019 ya se desarticuló otra red que operaba con un método parecido, trasladando mujeres a Lérida con la promesa de regularizar su situación mediante denuncias fabricadas.
En estos casos, la legislación contempla la concesión de permisos si existen indicios de violencia de género, como órdenes de protección o informes judiciales.
Sin embargo, tras obtener la documentación, algunas denunciantes retiraban las acusaciones, lo que llevaba al archivo de las causas sin consecuencias penales para los implicados.
