Hay una ironía brutal en lo que ha ocurrido en la finca Tierra y Libertad de El Bosque (Cádiz).
Un proyecto fundado en 1988 por el Sindicato Obrero del Campo como demostración práctica de que los jornaleros podían gestionar su propia tierra sin terratenientes ni intermediarios ha terminado siendo desarticulado por la Guardia Civil.
Y no por una bagatela: con 800 plantas de marihuana en sus instalaciones, cocaína y hachís incautados y dos detenidos con vínculos familiares directos con Diego Cañamero, el sindicalista y exdiputado de Podemos que fue el impulsor y símbolo de todo ese proyecto durante décadas.
Lo que fue Tierra y Libertad
Las 68 hectáreas en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, a 400 metros sobre el nivel del mar, representaron durante casi cuarenta años el referente del movimiento jornalero andaluz. Cuando el SOC compró la finca en 1988 con subvención pública, el terreno estaba deteriorado tras décadas de pastoreo extensivo. Los impulsores recuperaron olivares abandonados con métodos tradicionales, vareo manual para la recolección de aceitunas, sin mecanización intensiva ni productos químicos. Construyeron una explotación que combinaba agricultura ecológica con ganadería propia: ovejas, gallinas, pavos, vacas, cerdos, patos. Organizaron convivencias, campamentos y actividades comunitarias. Recibían visitantes interesados en experiencias de vida alternativa en el medio rural.
El objetivo declarado era demostrar que existía un modelo agrario diferente. Y durante años funcionó como argumento vivo de esa posibilidad.
Lo que encontró la Guardia Civil
El 29 de abril de 2026, un operativo policial desarticuló lo que había quedado de ese proyecto. Los agentes hallaron cerca de 800 plantas de cannabis en avanzado estado de crecimiento, muchas ya cortadas y secándose. Incautaron cocaína y hachís. Las instalaciones contaban con sistemas avanzados de iluminación y ventilación conectados ilegalmente a la red eléctrica, el patrón técnico característico de los centros logísticos de producción y distribución de droga a escala industrial.
Una persona fue detenida. Otra está siendo investigada. Ambas tienen vínculos familiares directos con Cañamero.
La conexión familiar no es un detalle menor. Con el tiempo, la finca que debía ser una cooperativa abierta a los jornaleros del SOC había pasado a ser gestionada principalmente por familiares directos del sindicalista: su hermano José Manuel Cañamero Valle, su pareja y otros parientes. Vivían allí. Gestionaban la ganadería, la agricultura, el turismo rural y los eventos. Lo que había nacido como proyecto colectivo se había convertido en explotación familiar de un bien subvencionado públicamente.
El patrón que se repite
Tierra y Libertad no es el único caso donde la brecha entre el discurso de Cañamero y la práctica documentada resulta llamativa.
Durante sus años como alcalde de El Coronil (Sevilla), donde gobernó con CUT-BAI e IU entre 1987 y 2001, el equipo municipal impulsó un plan de vivienda pública que sus defensores presentan como un logro social genuino: unas 200 viviendas de protección oficial construidas para jornaleros y familias trabajadoras, con rentas de entre 15 y 28 euros al mes, y un centenar de parcelas de 120 metros cuadrados vendidas a unos 1.200 euros. Para un pueblo pequeño de jornaleros, las cifras eran significativas.
Pero la auditoría realizada por el PSOE cuando recuperó el ayuntamiento en 2003 detectó un patrón que los críticos denominan clientelismo familiar: tres hermanos de Cañamero accedieron a viviendas de protección pública de forma irregular aprovechando recalificaciones de suelo impulsadas por el propio equipo municipal. Una hermana amplió su vivienda a costa del ayuntamiento. Una sobrina obtuvo una vivienda con una rebaja estimada en casi 93.000 euros.
Cañamero respondió siempre que las viviendas eran baratas para todo el mundo, que sus propios hijos no recibieron ninguna y tuvieron que hipotecarse como cualquier otro, y que no ve problema en que familias trabajadoras accedan a vivienda pública. No hubo condenas judiciales firmes. Pero el debate sobre el uso de las instituciones para beneficiar al círculo familiar no se cerró.
El patrón que los críticos señalan en ambos casos es el mismo: recursos obtenidos colectivamente, mediante subvenciones públicas o políticas municipales, que terminan concentrados en el núcleo familiar del líder que los impulsó.
La reacción del SAT y el silencio de Cañamero
El Sindicato Andaluz de Trabajadores, que engloba al antiguo SOC, se ha desmarcado con contundencia. La organización afirma que la finca fue cedida a una cooperativa de afiliados para fines sociales, creación de empleo y producción alimentaria, y considera que el uso detectado por la Guardia Civil representa una violación grave de los principios fundacionales del proyecto. Ha pedido que no se criminalice a todo el movimiento jornalero por lo que describe como actuaciones individuales.
Pero dentro del SAT han empezado a surgir voces que piden explicaciones sobre cómo una cooperativa social se transformó en lo que algunos describen como «un cortijo administrado por familiares» antes de convertirse en lo que la Guardia Civil encontró el 29 de abril.
Cañamero guarda silencio. La investigación judicial intenta determinar desde cuándo se desarrollaban esas actividades en los terrenos y si existía una red más amplia detrás de la explotación ilegal.
La finca que iba a demostrar que otra forma de gestionar la tierra era posible ha terminado demostrando algo diferente: que los que predican la colectivización de los recursos tienen sus propias tentaciones cuando los recursos son suyos.
